Andorra procesa a dos exministros de Chávez por un expolio de 2.300 millones

La juez encausa a 29 personas por el saqueo entre 2007 y 2012 de la petrolera estatal venezolana

13 de septiembre de 2018 – Agencias.

Jaque judicial a la trama de exministros de Hugo Chávez (1999-2013) investigada por expoliar 2.000 millones de euros de la joya de la corona del país latinoamericano, la estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).

Un juzgado de Andorra ha procesado este jueves a 29 personas, entre las que figuran los exviceministros de Energía de Venezuela Nervis Villalobos y Javier Alvarado. Se les atribuye blanqueo de capitales en establecimiento bancario y pertenencia a una red que cobró entre 2007 y 2012 sobornos de empresas que fueron agraciadas después con millonarias adjudicaciones de la petrolera, según fuentes próximas a la causa consultadas.

La trama escondió el botín de sus comisiones ilegales a 7.400 kilómetros de Caracas, en los depósitos de la Banca Privada d’Andorra (BPA).

La magistrada andorrana Canòlic Mingorance ha encausado también a Diego Salazar, primo del que fuera ministro de Energía, presidente de PDVSA y exembajador en la ONU, Rafael Ramírez; al ejecutivo de la petrolera Francisco Jiménez Villarroel; y al exabogado de la compañía Luis Carlos de León Pérez.

El magnate venezolano de los seguros Omar Farías aparece también entre los procesados junto al gestor de negocios de Diego Salazar, Luis Mariano Rodríguez Cabello, y al apoderado de Salazar, José Luis Zabala.

Integrada por exdirigentes chavistas y funcionarios de la poderosa firma estatal, -una mole que produce 1,6 millones de barriles al día-, la maquinaria cobró comisiones de más del 10 % a empresas, especialmente chinas, que después resultaban agraciadas con contratos de PDVSA, tal y como reveló este periódico.

En la nómina de encausados figuran también la esposa de Diego Salazar, Rosycela Díaz; así como José Enrique Luongo, Estíbaliz Basoa, Reinaldo Luis Ramírez Carreño y Alejandro Saura Alonso.

Mediante una treintena de sociedades opacas radicadas en paraísos fiscales como Suiza o Belice, se movió el caudal de fondos que fue a parar a Andorra, un país de 78.000 habitantes blindado hasta el pasado año por el secreto bancario.

Para no levantar sospechas, el grupo camufló sus millonarios ingresos bajo el paraguas de unos trabajos de asesoría que –según los investigadores- no existieron.

La magistrada, que investiga la trama desde 2012, estima en un auto de 74 páginas que los procesados “se unieron para controlar las licitaciones públicas de PDVSA y la construcción de infraestructuras energéticas contratadas por filiales de PDVSA, Corpoelec y Electricidad de Caracas”.

Un hombre del expresidente contra las cuerdas

Jerarca de la primera etapa de gobierno de Hugo Chávez, el que fuera viceministro de Energía y Petróleos Nervis Villalobos movió a través de una decena de depósitos en Andorra 124 millones de euros, según la Policía de este Principado. Este ingeniero reconvertido en asesor de empresas fue arrestado en Madrid en octubre de 2017 por una causa distinta del expolio de PDVSA y España concedió su extradición a EE. UU.

Otro de los hombres fuertes del chavismo, Javier Alvarado, el todo poderoso exviceministro de Energía y Petróleo y director entre 2007 y 2010 de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), manejó a través del banco andorrano 46 millones de euros, según los investigadores.

La causa judicial en Andorra que indaga el saqueo de PDVSA coincide con la investigación emprendida en 2017 por la Fiscalía General de Venezuela, que cifra en 4.200 millones el expolio de la petrolera y sitúa al exministro Villalobos como “cabecilla” de la organización criminal.

La juez también ha procesado a una decena exdirectivos y exempleados de la BPA. La entidad, intervenida en marzo de 2015 por un presunto delito de blanqueo de capitales, abrió decenas de cuentas a la trama sin advertir la condición de sus miembros de Personas Políticamente Expuestas (PEP). Así es como se denomina en la jerga financiera a aquellas personalidades que, por sus vínculos con la administración, deben someterse a un control especial para prevenir el blanqueo de capitales.