Bolivia autoriza a empresas privadas importar y vender combustibles por escasez

13 de noviembre de 2024 – La Paz – EFE.

El gobierno de Bolivia, bajo la administración de Luis Arce, aprobó un decreto que autoriza la importación y comercialización de diésel y gasolina por parte de empresas privadas, ante la grave escasez de combustibles que persiste en el país desde hace meses. La medida, que tiene una vigencia de un año, busca paliar la falta de combustibles y asegurar su disponibilidad en el mercado interno. Esta decisión se toma en un contexto donde se han producido bloqueos en diversas ciudades, particularmente en las principales arterias viales.

Alejandro Gallardo, ministro de Hidrocarburos y Energías, explicó que la nueva norma autoriza a empresas privadas, tanto personas naturales como jurídicas, a importar los combustibles y distribuirlos en el país. El objetivo es aliviar la crisis actual y garantizar el suministro, algo que se ha vuelto cada vez más urgente. Esta medida complementa los esfuerzos del gobierno para mantener la estabilidad en el abastecimiento, pero no implica que la estatal YPFB deje de realizar sus importaciones.

Gallardo destacó que la medida responde a las demandas de sectores productivos y transportistas, quienes han expresado su preocupación sobre los problemas de abastecimiento. Las autoridades han mantenido reuniones con estos sectores, donde les explicaron los planes del gobierno para asegurar que el suministro de combustibles no se vea interrumpido. En este contexto, el decreto busca ofrecer una solución adicional para que algunos sectores puedan realizar importaciones directamente y cubrir sus necesidades sin depender exclusivamente de YPFB.

El ministro también aclaró que la medida no significa el fin de las importaciones estatales, ya que YPFB continuará abasteciendo el mercado interno con combustibles a precios subvencionados. Esta opción privada se presenta como una alternativa adicional para aquellos sectores que necesiten combustible de manera más inmediata o que no puedan acceder a los canales tradicionales de distribución. De esta forma, se busca dar mayor flexibilidad al mercado.

El gobierno ya había tomado medidas similares en el pasado, autorizando la importación de combustibles por parte de privados, pero esta nueva norma amplía esa autorización para incluir también la comercialización. Esto implica que no solo se permitirá la importación, sino también que las empresas privadas podrán distribuir estos combustibles en el mercado interno, lo que debería aumentar la oferta disponible.

La autorización para los privados es válida por un año, aunque se precisará una reglamentación específica para regular la implementación de la medida. Sin embargo, Gallardo no ofreció detalles sobre el contenido de esta reglamentación, lo que deja algunas incertidumbres sobre el proceso. La norma tiene como objetivo mejorar el suministro en el corto y mediano plazo, especialmente durante los próximos meses, cuando la escasez se ha vuelto más aguda.

Actualmente, el precio del diésel y la gasolina en Bolivia está subsidiado por el gobierno, con un costo de 3,72 y 3,74 bolivianos por litro, lo que equivale a aproximadamente 0,53 dólares. Sin embargo, en septiembre se introdujo una nueva gasolina, la “ultra premium 100”, que se vende a un precio más elevado de 6,71 bolivianos por litro, ajustado según los precios internacionales del petróleo. Esta medida también refleja la necesidad de ajustar los precios internos para enfrentar las dificultades económicas del país.

Gallardo aseguró que se están cumpliendo los plazos para normalizar el abastecimiento de combustibles y confió en que las filas frente a las estaciones de servicio comenzarán a disminuir con el paso de los días. Sin embargo, los bloqueos de carreteras y las protestas de los transportistas, especialmente de los sectores público y pesado, reflejan el nivel de frustración y descontento de la población debido a la escasez. Estos bloqueos se produjeron en las principales ciudades del país como respuesta a la falta de combustibles.

El desabastecimiento de combustibles ha sido un problema persistente en Bolivia, especialmente en las últimas semanas. La situación se agravó debido a los bloqueos de carreteras llevados a cabo por seguidores del expresidente Evo Morales, que mantuvieron bloqueadas las principales vías durante 24 días. Estos bloqueos fueron parte de una protesta política en contra de las investigaciones judiciales en curso contra Morales, lo que exacerbó aún más la crisis del combustible.

YPFB ha anunciado que en un plazo de 10 días, comenzando desde el miércoles, se normalizará el suministro de diésel y gasolina. Sin embargo, tanto analistas como sectores productivos tienen dudas sobre la viabilidad de este compromiso, ya que sospechan que la escasez se debe en gran parte a la falta de divisas para importar el combustible. La situación se complica por la escasa disponibilidad de dólares, lo que dificulta la compra de combustibles en los mercados internacionales.

Expertos en economía han señalado que el mantenimiento de las subvenciones a los combustibles representa una carga económica significativa para el Estado boliviano. Se estima que este gasto podría alcanzar los 2.000 millones de dólares en el presente año. La presión sobre las finanzas públicas es una de las razones detrás de las dificultades para asegurar un suministro constante de combustibles, lo que pone en evidencia la tensión entre las necesidades sociales y la sostenibilidad económica del gobierno.