Boris Johnson amenaza con un Brexit comercial

El «premier» británico amaga con abandonar la negociación con los Veintisiete en junio si no se acatan sus condiciones. Se niega a asumir las regulaciones comunitarias en el futuro acuerdo económico

27 de febrero de 2020 – Londres – Agencias.

Ni siquiera han empezado aún. Pero todo apunta a que las nuevas negociaciones de la era post Brexit van a ser aún más tortuosas si cabe que las del propio divorcio. El «premier» Boris Johnson ha presentado sus «líneas rojas» para tratar de cerrar ahora un acuerdo comercial con la UE. Y se avecina tormenta porque básicamente se trata de un auténtico choque frontal con las demandas planteadas el pasado martes por Bruselas.

El negociador europeo, Michel Barnier, adelantó que las conversaciones que se inician el lunes serían «complejas», «difíciles» y «exigentes». Pero los adjetivos se quedan cortos porque el primer ministro británico, envalentonado por la mayoría absoluta de las últimas generales en Reino Unido y apoyado más que nunca por los «tories» euroescépticos, viene con el cuchillo entre los dientes y preparado para lanzar un órdago tras otro.

Downing Street no acepta las dos claves planteadas por los Veintisiete para poder tener ahora acceso al mercado único. Ni está dispuesto a alinearse con la normativa comunitaria ni tampoco está por la labor de acepar el papel del Tribunal de Justicia de la Unión Europea como árbitro. Y hay más. Para aquellos que decían que diez meses no son suficientes para cerrar un pacto, se lanza el siguiente mensaje: no solo no habrá extensiones de plazos por uno o dos años, sino que si para junio no hay avances, Londres se levantará de la mesa sin pacto. En ese caso, la relación entre Reino Unido y el bloque se regularía bajo los parámetros de la Organización Mundial del Comercio. En otras palabras, un Brexit duro.

Aunque Reino Unido salió de la Unión Europea el pasado 31 de enero, en la práctica, continúa hasta el 31 de diciembre de 2020 dentro del mercado único –con la libertad de movimiento que eso conlleva– y la unión aduanera. Durante este período de transición, se deben negociar ahora las futuras relaciones que existirán entre ambas partes. Y, como era de esperar, el acuerdo comercial se lleva todo el protagonismo.

El documento de 30 páginas publicado ayer por el número 10 de Downing Street va en línea con el discurso pronunciado a principios de este mes por Johnson, donde ya adelantó que su objetivo era cerrar un acuerdo de libre comercio inspirado en el modelo canadiense y que, si este no fuera posible, apostaría por replicar el australiano.

Pero Bruselas advierte de que el volumen de comercio con Reino Unido es diez veces mayor que con Canadá y que la cuestión geográfica es clave, por lo que no quiere tener ahora como referente el pacto que se cerró con Ottawa que, por cierto, llevó siete años de duras negociaciones.

Lo cierto es que la nueva fase de negociaciones resulta más que atípica. Para cualquier acuerdo comercial, lo que se busca es romper barreras entre ambas partes. Y, sin embargo, con el Brexit es todo lo contrario. Un país que durante más de cuatro décadas ha estado dentro del bloque busca ahora su autonomía y no está dispuesto a ceder ni un ápice en su soberanía nacional.

Para conseguir un acuerdo de «0 tarifas, 0 cuotas y 0 dumping», los Veintisiete exigen a Londres igualdad en competencia y convergencia regulatoria («level playing field»), con los estándares de la Unión como punto de referencia. Pero, tal y como advirtió ayer el viceprimer ministro, Michael Gove, a efectos prácticos, «no aceptaremos ni acordaremos ningún pacto que obligue a nuestras leyes o instituciones a alinearse con las de la UE». «Nosotros respetamos la soberanía y los tribunales de la UE, por lo que pedimos que se respeten los nuestros», explicó al presentar el plan ante la Cámara de los Comunes.

Por otra parte, respecto al sector pesquero, Gove anunció que se demandará un acuerdo específico y subrayó que «no se vinculará el acceso a nuestras aguas para acceder al mercado único». La pesca solo representa el 0,1% de la economía británica, pero recuperar el control de las aguas siempre fue una de las principales demandas euroescépticas.

En este sentido, lo que la UE plantea es que antes del 1 de julio se alcance un acuerdo para el acceso recíproco de las aguas con el objetivo de que los pescadores comunitarios no sufran ningún daño por el divorcio y puedan seguir faenando en los caladeros británicos, con las mismas condiciones que hasta ahora. Sin embargo, Londres quiere negociar cuotas año a año con criterios científicos.

Por último, el Gobierno británico no parece que tenga ahora intención de cumplir con el Acuerdo de Retirada porque no está dispuesto a llevar controles en el mar de Irlanda. Para evitar una frontera dura en la isla de Irlanda que pudiera poner en riesgo la paz en el Ulster, Londres y Bruselas acordaron que la provincia británica de Irlanda del Norte quedaría en el territorio aduanero de Reino Unido, pero alineada con la Unión Europea en productos agrícolas y manufacturados.

En este sentido, Johnson accedió a llevar a cabo «controles» en los puertos de entrada norirlandeses para garantizar la integridad del mercado único. Sin embargo, según «The Times», el primer ministro habría dado ahora órdenes a su equipo para evitarlo y la nueva fiscal general del Estado, Suella Braverman, ya está trabajando en una argumentación para defender la legalidad de la medida. Será cuestión de tiempo comprobar si va en serio con toda su estrategia o lo suyo solo es un nuevo farol.

A continuación enumeramos las principales líneas del mandato negociador de Reino Unido:

1. Un mercado de libre comercio para bienes sin aranceles o restricciones en productos manofacturados o agrícolas.
2. Las competiciones y subsidios no deben contemplarse en las negociaciones del acuerdo comercial como sí se habían incluido dentro de la declaración política.
3. El acuerdo sobre la pesca y el acceso a los respectivos caladeros se deberá incluir en un acuerdo al margen del pacto comercial. Un documento que será revisado anualmente.
4. Un acuerdo sobre la compatibilidad de los servicios financieros debe acordarse antes de junio