EE.UU. demanda por 100 millones a propietarios del barco que colapsó puente Baltimore

18 de septiembre de 2024 – Washington – EFE.

El Gobierno de Estados Unidos ha interpuesto una demanda contra las dos empresas propietarias del buque que causó el colapso de un puente en Baltimore en marzo. Este recurso legal busca obligar a las empresas, con sede en Singapur, a pagar más de 100 millones de dólares para cubrir los costos de respuesta al desastre y limpieza del naufragio, según el Departamento de Justicia.

El buque de Grace Ocean Private Limited y Synergy Marine PTE LTD chocó contra el puente Francis Scott, lo que provocó su caída y resultó en la muerte de seis trabajadores de la construcción que realizaban reparaciones en la carretera. El fiscal general de EE.UU., Merrick Garland, comentó que la demanda tiene como objetivo asegurar que las empresas responsables cubran estos costos y no los contribuyentes.

La demanda, presentada en un tribunal de Maryland, acusa a las empresas de actuar con negligencia al no abordar problemas técnicos en el buque que llevaron al accidente. Brian M. Boynton, fiscal del caso, calificó el incidente como una catástrofe evitable, causada por errores previsibles del propietario y operador del buque DALI.

Después del accidente, Grace Ocean solicitó a un juez que limitara su responsabilidad al valor del buque, estimado en aproximadamente 42,5 millones de dólares. El Departamento de Justicia presentó su recurso en oposición a estas demandas de la empresa.

Con esta acción legal, el Gobierno federal se une a la ciudad de Baltimore, que también ha presentado un recurso contra las compañías del buque. Además, los familiares de los seis fallecidos, todos migrantes de México, El Salvador y Honduras, han anunciado que planean demandar a las empresas.

En una reciente rueda de prensa, la viuda de Miguel Luna, uno de los trabajadores que murieron en el accidente, expresó su intención de buscar justicia en nombre de todos los trabajadores esenciales. Esta situación ha resaltado la importancia de la responsabilidad empresarial en accidentes de tal magnitud y sus consecuencias devastadoras.

La demanda refleja una clara postura del Gobierno para proteger los intereses del público y garantizar que quienes causan daños asuman la responsabilidad financiera correspondiente. A medida que avanzan los procedimientos legales, la atención se centra en las implicaciones para la seguridad en el transporte marítimo y la regulación de las empresas involucradas.

Las acciones legales en curso también subrayan el impacto que estos eventos tienen en las comunidades afectadas, particularmente en familias que han perdido seres queridos. Este caso ha puesto de manifiesto la necesidad de medidas preventivas más rigurosas para evitar futuros accidentes similares.

Finalmente, la situación resalta no solo el dolor de las familias afectadas, sino también la importancia de la rendición de cuentas en el ámbito empresarial, especialmente en sectores donde la negligencia puede tener consecuencias fatales.