13 de septiembre de 2021 – Los Ángeles – EFE.
La decisión del presidente, Joe Biden, de obligar a las empresas de más de cien empleados a exigir a sus trabajadores que se vacunen contra la covid-19 o se hagan pruebas semanales ha dividido al sector privado sobre el efecto que puede tener en la recuperación económica y ha irritado a los conservadores.
La Casa Blanca estima que esta medida podría impactar a unos 80 millones de personas, o dos tercios del total de los trabajadores, convirtiéndose en la intervención pública en el sector empresarial de mayor magnitud desde el inicio de la pandemia.
El movimiento de Biden ha sido bienvenido por parte de grandes compañías con estructuras potentes, como Google, que ya activaron un plan de vacunación entre sus empleados durante el verano, según contó a Efe una portavoz de la multinacional.
Otros gigantes como United Airlines, McDonald’s y Walt Disney también habían tomado esta decisión con anterioridad.
Sin embargo, varias asociaciones que representan a las pequeñas y medianas empresas, con menos recursos que potentes multinacionales, criticaron que la Administración no tuviera en cuenta su opinión antes de promulgar tal orden y temen que esta acción “siente precedente”.
De eso alertó a Efe el director ejecutivo de la Asociación de Negocios de Texas (TAB, por su sigla en inglés), Glenn Hamer, que consideró que este mandato “sienta un precedente aterrador que podría utilizarse para justificar cualquier forma de regulación empresarial”.
Además, Hamer lamentó que la decisión se haya tomado “sin consultar a la comunidad empresarial” lo que, según el empresario, conducirá a una mayor politización de la pandemia de la covid-19.
POSIBLES DESAVENENCIAS EN LAS EMPRESAS
La estrategia del Gobierno llega en un momento en el que la variante delta del coronavirus ha provocado un aumento de más de 150,000 nuevos casos diarios, principalmente entre los no vacunados, además de su impacto en la economía del país.
Así, las empresas que ignoren esta directiva podrían enfrentar multas de hasta 14,000 dólares cada vez que cometan una infracción, de acuerdo a declaraciones de altos funcionarios a medios estadounidenses.
Más allá de la preocupación de los medianos empresarios, también existe cierta reticencia entre algunos trabajadores.
Una directiva de una compañía textil de más de 250 trabajadores con sede en California, que prefirió no revelar su nombre, explicó a Efe que tiene “miedo” de que la medida provoque desavenencias en la propia empresa o incluso que algunos empleados pierdan su puesto de trabajo.
También denunció que este tipo de políticas “vulneran el derecho de privacidad” de cada trabajador, que tendrá ahora que revelar datos personales a sus empleadores si quiere seguir en su empresa.
APLAUSOS PARA BIDEN
No obstante, el sindicato más grande del país, el AFL-CIO, sí aplaudió la medida de Biden “para ayudar a poner fin a esta crisis”.
“El resurgimiento de la covid-19 requiere de una acción rápida e inmediata, y felicitamos al presidente Biden por tomar medidas adicionales para ayudar a poner fin a esta crisis. Todos deben vacunarse para detener la pandemia”, señaló la presidenta del AFL-CIO, Liz Shuler, en un comunicado enviado a Efe.
Paralelamente, el grupo Mesa Redonda de Negocios, formado por altos cargos de multinacionales, como los directores ejecutivos de Walmart y Walgreens, entre otros, destacó la importancia de la colaboración público-privada para terminar con la pandemia.
LOS CONSERVADORES ATIZAN
Quienes sí se han mostrado totalmente en contra han sido muchos conservadores, incluyendo varios gobernadores republicanos que amenazaron con detener la medida en sus estados.
Es el caso del gobernador de Texas, el republicano Greg Abbot, que calificó la medida “como un asalto a las empresas privadas”.
Hay quien piensa incluso que la decisión es “inconstitucional”, como es el caso del excongresista y candidato a gobernador de Ohio Jim Renacci, quien acusó a Biden de pretender “enfrentar a los empleadores contra sus empleados con la amenaza de multas”.
