El impacto ambiental se vuelve la piedra en el zapato de López Obrador

Los tres grandes proyectos del presidente mexicano afrontan críticas por su repercusión ambiental

26 de julio de 2019 – Agencias.

El cuidado del medioambiente se ha vuelto la piedra en el zapato del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Los tres grandes proyectos del presidente mexicano, el aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, han enfrentado numerosas críticas por las consecuencias que podrían traer las obras. El plan del aeródromo, el más avanzado hasta el momento, se ha visto paralizado por 11 amparos que ha presentado un grupo de ciudadanos, entre otros motivos, por la falta de información sobre la incidencia medioambiental. El Ejecutivo mexicano ha publicado este jueves la resolución de impacto ambiental que da luz verde al inicio de la obra, sin embargo, la construcción no podrá comenzar hasta que no se destrabe en la justicia.

“Vamos a cumplir y en dos años y medio va a estar terminado el nuevo aeropuerto”, dijo el presidente el pasado mes de junio. Tras la cancelación del aeropuerto de Texcoco y desde la presentación en Santa Lucía el 29 de abril, la nueva obra del aeródromo ha presentado problemas con la escasez de agua, la contaminación del aire, la modificación del hábitat de los animales y el manejo de los residuos. Aspectos que el Gobierno debía desarrollar en la Manifestación de Impacto Ambiental presentada el 15 de abril ante la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat), la autoridad encargada de conceder los permisos, y que no hizo. Esto fue uno de los motivos que impulsó al colectivo #NoMásDerroches a promover 147 amparos ante la justicia.

La aprobación de este jueves es una “autorización condicionada”, apunta Daniel Basurto González, presidente de la Academia Mexicana de Impacto Ambiental. La resolución establece que es necesario realizar una serie de estudios y trámites para el inicio de la obra, como por ejemplo el cambio de uso se suelo. Acciones que, según explica el académico, suelen ser requisitos previos a la aprobación. “¿Imaginas a alguien diciéndole que no al presidente? Alguien sudó para poder emitir esta resolución favorable cuando faltaron muchos estudios para conocer el impacto real”, comenta.

La legislación mexicana determina que estas obras deben contar con una autorización de Semarnat para iniciar. Pese a eso, el anuncio del presidente sobre el comienzo de los trabajos llegó antes de que el organismo emitiera cualquier tipo de autorización. El anuncio antes de tiempo se volvió a repetir con la refinería de Dos Bocas. “López Obrador dijo que empezaban las obras y aún no tenía los permisos”, señala Gustavo Alanis, director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, “con estos mensajes está diciendo ‘no nos importa’, el medioambiente no es prioridad”.

La refinería de Dos Bocas (Tabasco), otro de las grandes propuestas de López Obrador, también afronta problemas con los permisos ambientales. El presidente inauguró la obra junto a la secretaria de Energía, Rocío Nahle, el pasado 2 de junio. La titular de Energía, a cargo de la construcción, aseguró que contaban con todas las autorizaciones necesarias. La obra, sin embargo, solo tenía una licencia para ampliar el dragado del puerto que está en el predio donde se va a instalar. Un permiso que habían solicitado el 23 de mayo, a partir de la modificación de un proyecto del Gobierno de Enrique Peña Nieto, y que fue aprobado siete días después. La manifestación de impacto ambiental fue recién presentada el 18 de junio y continúa en evaluación. Así lo ha anunciado a este periódico la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, el organismo dependiente de Semarnat a cargo de todos los programas que implican manipulación de combustibles.

El impacto ambiental es también el mayor obstáculo del Tren Maya, según reconoció en noviembre pasado Rogelio Jiménez Pons, el encargado del megaproyecto. El ambicioso plan ferroviario de 1.452 kilómetros y un costo aproximado de 8.000 millones de dólares ha recibido críticas por las preocupaciones ecológicas y las dudas sobre su viabilidad técnica y financiera. A casi ocho meses de la llegada de López Obrador al Gobierno aún no se sabe exactamente por dónde va a pasar el tren, ni se han realizado los estudios de impacto ambiental, requisitos que por ley debe cumplirse antes de su construcción. Las preocupaciones se centran en el tramo que pasa por la reserva de Calakmul, el macizo de bosque tropical más extenso de México. Sin información suficiente, la discusión sigue en el terreno de las especulaciones.

El Gobierno ha buscado el apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Politécnico Nacional para realizar los estudios de viabilidad y prevé tener los resultados entre octubre y noviembre de este año, mientras se licitan contratos de ingeniería básica y rehabilitación de vías férreas. El Tren Maya libra una batalla contrarreloj para completar el proyecto y sus especificaciones en tiempo récord para echarlo a andar en la segunda mitad de 2023.

“Mucha presión desde arriba”

Pese a que Medio Ambiente tiene hasta 90 días para evaluar las manifestaciones de impacto ambiental, el Gobierno se ha mostrado poco dispuesto a esperar. “Hay un elemento común en los tres proyectos que es la prisa, quieren hacer las cosas rápido y no están dejando que los procedimientos se hagan como la ley manda”, dice Alanis. El presidente ha cargado, tanto de manera pública como privada, contra Semarnat por demorar las autorizaciones de sus grandes promesas de campaña. El propio López Obrador dijo el pasado sábado en un acto electoral: “Hasta ahora no nos entregan el estudio de impacto ambiental de Santa Lucía. Es un proyecto estratégico y todavía la Secretaría no lo entrega, yo espero que la semana próxima lo termine”.

La situación ha puesto en jaque a la entidad, cuya titular, Josefa González, renunció el pasado 25 de mayo supuestamente por retrasar un vuelo comercial. Su dimisión, sin embargo, ha estado cargada de sospechas por la tensa situación que atraviesa la Secretaría. Una alta fuente de Medio Ambiente, que prefiere no dar su nombre por miedo a represalias, asegura que en el momento previo a la renuncia “había mucha presión desde arriba”. “La Secretaría de Energía tenía sus diferencias con Semarnat, porque ellos querían los permisos para ya y Semarnat defendía que había cierta normatividad que respetar”, afirma.

La sacudida que sufrió Semarnat a causa de la partida de la titular fue rápidamente sucumbida por la entrada de Víctor Manuel Toledo, un académico reconocido en el sector. A su llegada, el nuevo secretario se encontró con la situación de tener que definir el futuro de los tres grandes proyectos del presidente, que han recibido críticas feroces por las organizaciones ambientalistas. El proyecto de la refinería no solo enfrentó a Nahle con Toledo, sino también con el titular de la ASEA, Luis Vera, quienes han salido a desmentir a la encargada de Dos Bocas varias veces ante la prensa. “Hay mucha presión del Gobierno federal”, apunta Alanis, “seguramente con Santa Lucía y la refinería la autoridad no esté satisfecha con la información presentada, y si autorizan, puede que no estén bien fundados los permisos”.