Exministros de Chávez ocultaron 2.000 millones de euros en Andorra

Exdirigentes venezolanos, empresarios y testaferros cobraron comisiones de hasta el 15% por facilitar contratos de la petrolera estatal

13 de diciembre de 2017 – Agencias.

Exviceministros y testaferros de políticos del Gobierno de Venezuela durante la presidencia de Hugo Chávez (1999-2013) cobraron presuntamente más de 2.000 millones de euros en comisiones ilegales por intermediar para que compañías extranjeras consiguieran adjudicaciones de la principal firma estatal, Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA). La mecánica implicó, al menos, a diez personas —exdirigentes chavistas, empresarios y sus familiares—, según informes de la Policía de Andorra que maneja la juez Canòlic Mingorance. La magistrada andorrana indaga el supuesto blanqueo en el marco de un expolio de la petrolera estatal.

Los pagos de los presuntos sobornos se abonaron entre 2007 y 2012 en la Banca Privada d’Andorra (BPA), a 7.400 kilómetros de Caracas. Y circularon por una telaraña de 37 cuentas corrientes a nombre de sociedades panameñas. El dinero saltó después desde el Principado a paraísos fiscales como Suiza o Belice a través de una laberíntica arquitectura concebida para enmascarar fondos, según las pesquisas.

Agencias ha tenido acceso a las cuentas corrientes de los cabecillas y a detalles confidenciales sobre sus sociedades instrumentales. La red estaba formada por los exviceministros de Energía de Venezuela Nervis Villalobos y Javier Alvarado; un primo de un expresidente de PDVSA y directivos de este gigante petrolero. El grupo se completaba con un magnate de los seguros y testaferros.

La trama justificó ante el banco andorrano sus millonarios ingresos como honorarios por trabajos de asesoría a empresas. Fue el argumento que esgrimió ante el denominado departamento de cumplimiento (compliance), un órgano de fiscalización de la BPA para prevenir la evasión de capitales. Y evitar que fondos de la droga, el tráfico de armas o la corrupción política aniden en un depósito bancario bajo apariencia legal.

Los investigadores sostienen que los supuestos trabajos de asesoría nunca existieron. Y que algunos de los informes por los que se pagaron minutas millonarias ocuparon folio y medio.

La juez de Andorra Canòlic Mingorance sospecha que el grupo cobró comisiones de entre el 10 % y el 15 % a compañías extranjeras, especialmente chinas, que recibieron después contratos de extracción de petróleo gestionados por PDVSA y sus filiales.

Las pesquisas conectan los manejos de la red con un acuerdo entre Venezuela y China por el que el país sudamericano recibió un préstamo de 20.000 millones de dólares (17.000 millones de euros) del gigante asiático a cambio de petróleo. Un portavoz de PDVSA ha declinado pronunciarse. Dice que el asunto “compete a la Fiscalía”.

Trama de blanqueo

Pese los recelos, la BPA abrió las cuentas bajo sospecha. Y eso que su unidad de fiscalización interna llegó a advertir en algunos casos de la condición de los clientes de Personas Políticamente Expuestas (PEP), que es como se denomina en la jerga financiera a aquellas personalidades que, por haber ocupado un cargo público, deben someterse a un control especial para prevenir el blanqueo.

Las autoridades de Andorra, donde hasta el pasado año regía el secreto bancario, intervinieron en marzo de 2015 la entidad elegida por la trama para limpiar su botín. Estados Unidos había denunciado antes que este banco fue empleado por bandas criminales para el blanqueo, algo que sus propietarios niegan.

La juez Mingorance ha situado bajo su foco al que fuera viceministro de Energía del Gobierno de Hugo Chávez entre 2004 y 2006, Nervis Villalobos. El exdirigente fue detenido en Madrid el pasado octubre por una causa distinta a petición de EE. UU., que solicita su extradición. Villalobos figura también como investigado en un juzgado de la Audiencia Nacional por presuntos sobornos de la ingeniería asturiana Duro Felguera.

Tanto el letrado de Villalobos en esta última causa como el que le representa en la investigación de Andorra han declinado ofrecer su versión. Las pesquisas revelan que el exviceministro abrió 12 depósitos en la BPA y constituyó 11 sociedades instrumentales. Sus cuentas recibieron 124,2 millones de euros, según la Policía de Andorra.

Por su parte, Javier Alvarado, exviceministro de Energía y Petróleo y exdirector entre 2007 y 2010 de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), manejó cinco depósitos y cuatro sociedades que percibieron 46,5 millones de euros. Una de sus cuentas en Andorra se abrió en julio de 2008, cuando el dirigente todavía formaba parte del Ejecutivo de Hugo Chávez (fallecido en marzo de 2013).

Mientras, Diego José Salazar, primo de Rafael Ramírez, exministro de Energía, expresidente de PDVSA y representante hasta hace dos semanas del Gobierno de Nicolás Maduro en la Organización de Naciones Unidas (ONU), acumuló siete depósitos y seis sociedades. Sus cuentas movieron 21,2 millones de euros. Salazar fue detenido la semana pasada por su presunta participación en la trama. Este periódico no ha logrado localizar a los letrados de Alvarado y Salazar.

Cerco al hombre fuerte del expresidente

La fiscalía de Venezuela anunció el pasado martes que investiga a Ramírez, hombre fuerte de Hugo Chávez, por supuestos negocios petroleros con su primo. Ramírez no tiene cuentas en la BPA ni figura entre los investigados por la juez Mingorance.

En el foco policial están, también, las cuentas ocultas del magnate venezolano de los seguros Omar Farias, un empresario cercano al régimen bolivariano. Sus depósitos recibieron 586 millones de euros, según los informes policiales.

Rodney Cabeza, vicepresidente de su firma, Seguros Constitución, ha indicado a este periódico que el origen del dinero de Farías “responde a operaciones de reaseguros totalmente legales” y que la compañía que preside el empresario gestionó la póliza de PDVSA solo en 2006. El directivo añade que Farías carece de relación profesional con los exministros Villalobos y Alvarado y admite que el 50 % de los clientes de la aseguradora son trabajadores públicos.

Del estudio de las decenas de depósitos confidenciales abiertos por los investigados en la BPA se desprende que todos sacaron de Andorra la mayor parte del dinero antes de que los fondos fueran bloqueados por la investigación judicial, en julio de 2015.

La Policía de Andorra apunta también en sus pesquisas a otros personajes en apariencia secundarios, pero que movieron grandes sumas en la institución financiera del país pirenaico. Es el caso de Luis Mariano Rodríguez Cabello, gestor de negocios de Diego Salazar. Abrió 11 depósitos y manejó diez sociedades con ingresos de 626 millones de euros.

Los investigadores señalan también a José Luis Zabala, apoderado de Salazar y Farías, que recibió 27 millones de euros. Y al exabogado corporativo de PDVSA Luis Carlos de León Pérez, detenido en Madrid el pasado octubre por otro supuesto caso de corrupción.

Al igual que en el caso Odebrecht, el gigante brasileño de la construcción que sobornó durante más de cinco años a presidentes, altos funcionarios y políticos de 12 países de América, BPA recurrió a su filial BPA Serveis, SA para crear una telaraña de sociedades pantalla en Panamá. El objetivo: dificultar el rastreo del millonario caudal de fondos que circularon por sus depósitos.

La alarma sobre la presunta trama de comisiones se activó después de que Francia advirtiera a Andorra de una transferencia sospechosa de 89.000 euros. El beneficiario del dinero fue un trabajador de un hotel galo y el concepto del envío, “regalo por servicios prestados”. Tras la operación, afloró una firma de Diego Salazar, primo del exembajador de Venezuela en la ONU Rafael Ramírez.

El siguiente movimiento se desarrolla en 2012. Salazar intenta enviar 40 millones de euros de Suiza a Francia para la supuesta adquisición de una propiedad. La juez andorrana bloquea la operación. En todos los casos aparece la BPA. Una entidad que está siendo investigada en el Principado por varias causas.

El Gobierno venezolano reaccionó con detenciones a la trama andorrana de saqueo la semana pasada, dos años después del inicio de la investigación. La Fiscalía de este país eleva el expolio a 4.200 millones.