Grilletes para inmigrantes no son una “alternativa humana” al encarcelamiento

10 de febrero de 2022 – Washington – EFE.

La vigilancia electrónica de los inmigrantes indocumentados “no es una alternativa humana y razonable” a la detención en cárceles privadas, dijo este jueves a Efe Jen Ibáñez Whitlock, de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA, en inglés).

El gobierno del presidente Joe Biden busca ampliar el uso de dispositivos electrónicos para el seguimiento de inmigrantes indocumentados en un esfuerzo por reducir el encarcelamiento en centros privados, según la publicación Axios, que cita una fuente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés).

Detalló que la idea es un programa piloto en Houston (Texas) y en Baltimore (Maryland) y que los requisitos específicos sobre cuándo alguien debe estar en casa pueden variar según el caso.

Ibáñez Whitlock subrayó que AILA “ha propuesto otras opciones más en la línea de un enfoque razonable y humano que no involucre esa vigilancia con la cual parece que a cada inmigrante hay que seguirle el rastro”.

Otra opción es que una vez que al inmigrante se le ha dado fecha para su audiencia ante un tribunal de inmigración, se le deje en la comunidad donde pueda conseguir asesoramiento legal.

“La gente sí se presenta ante el tribunal, con abogados, presentan solicitudes”, añadió Ibález Whitlock, quien aclaró que AILA no ha visto todavía los detalles oficiales del programa informado por Axios.

“En nuestra experiencia los clientes quieren tener la oportunidad de una audiencia justa en el tribunal”, concluyó.

Por su parte Nancy Treviño, directora asociada de Alianza Américas, dijo que “la expansión de alternativas a la detención no debería incluir el uso más amplio de tecnologías enfermizas y deshumanizantes, como los grilletes”.

“El poner grilletes en los tobillos de los migrantes está arraigado en las prácticas racistas que por mucho tiempo han guiado la política inmigratoria”, añadió.

Entre sus promesas de una política de inmigración “justa y humana”, Biden ha prometido que pondría fin al encarcelamiento en centros administrados por empresas privadas que lucran manteniendo a más gente recluida.

Se trata de un programa conocido como Alternativa a la Detención de Inmigrantes (ATD, en inglés) que coloca a los inmigrantes indocumentados bajo una especie de “toque de queda”.

Los inmigrantes deben permanecer en su domicilio por períodos variables de hasta 12 horas diarias, y el gobierno de Biden pedirá al Congreso fondos para incorporar de 350.000 a 400.000 inmigrantes en ATD en lo que resta del año.

Cuando el demócrata llegó a la Casa Blanca en enero de 2021, había unos 35.000 inmigrantes indocumentados a quienes el gobierno vigilaba con grilletes electrónicos, aplicaciones en teléfonos móviles y otros artefactos que informan sobre el paradero del usuario.

Actualmente hay casi 180.000 de estos inmigrantes vigilados por medios tecnológicos mientras esperan la cita para una audiencia en los tribunales de inmigración.

Otras 21.100 personas se encuentran bajo custodia del Servicio de control de Inmigración y Aduanas (ICE) el cual, a comienzos de 2020 llegó a tener un promedio de 40.000 inmigrantes recluidos en cárceles y centros de detención en diversas partes del país.

Durante el período fiscal 2021, que concluyó en septiembre, la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, en inglés) efectuó más de 1,74 millones de capturas de indocumentados, en su gran mayoría en la frontera sur y provenientes de América Central.

En lo que va del período fiscal 2022, CBP ya ha efectuado más de 518.000 detenciones de inmigrantes indocumentados y los críticos del gobierno de Biden afirman que Estados Unidos ha perdido el control de su frontera sur.

Por su parte quienes abogan por los inmigrantes han denunciado el hacinamiento y las malas condiciones sanitarias en las cárceles -especialmente las operadas por empresas privadas – que se agravaron durante la pandemia de la covid-19.

A ello se suma el atraso de trámites y audiencias ante los tribunales de inmigración que acumulan casi 1,6 millones de casos pendientes.