6 de mayo de 2020 – Agencias.
“Mija, estoy enfermo”, le dijo René Olivo Sangabriel a su sobrina en su última conversación antes de morir.
Este inmigrante mexicano de 42 años estaba en la cárcel del condado de Cook (Illinois) desde el pasado mes de octubre, tras ser arrestado por conducir en estado de ebriedad hace ocho años.
Sangabriel fue transportado al hospital de St. Anthony el 30 de marzo y falleció allí el 19 de abril por la pandemia de COVID-19, pero su familia no se enteró hasta días después, cuando recibió la llamada del consulado mexicano en Chicago.
Originario del pueblo de Monte Verde, Sangabriel vivía en Estados Unidos como indocumentado desde hace 16 años, en el vecindario de La Villita, en Chicago. Había trabajado recientemente en una planta de reciclaje local y compartía un departamento con sus primos.
El 5 de marzo compareció ante una corte para una audiencia rutinaria. Su abogado, Domingo F. Vargas, le dijo entonces a la jueza, Diana Kenworthy, que a Sangabriel le quedaban 46 días en un programa de tratamiento de alcohol en la cárcel y que quería terminarlo antes de presentar su declaración (de culpabilidad o inocencia).
El abogado y la jueza acordaron entonces que Sangabriel declarara dos meses más tarde, precisamente este martes 5 de mayo. Era un plan que tenía mucho sentido en ese momento, aseguró Vargas al diario Chicago Tribune.
Sangabriel y su abogado llegaron a la conclusión de que el riesgo de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduana (ICE, en inglés) lo encontraran en el Departamento Correccional de Illinois era mayor que en la cárcel del condado de Cook, así que decidieron ganar tiempo de esta manera.
“Quería esperar allí”, cuenta su sobrina Adriana Sangabriel, “estaba asustado, como todos los inmigrantes”, de caer en los “brazos de inmigración”.
Pero no fue ICE quien lo atrapó sino el COVID-19.
Sangabriel tuvo su primer arresto por manejar borracho en agosto de 2010. En aquella ocasión golpeó a otro vehículo en Chicago. No tenía licencia y falló las pruebas de sobriedad. Se declaró culpable a principios de 2011 y fue sentenciado a dos años de libertad condicional, lo que incluía el pago de restitución, servicio comunitario y tratamiento de drogas y alcohol.
Sin embargo, no cumplió ninguna de estas condiciones. Se fijó nuevamente una fecha en la corte, pero nunca compareció, así que se emitió una orden de arresto.
Ocho años después, en octubre de 2019, la policía lo detuvo por manejar erráticamente y acelerar sin detenerse en el semáforo. Falló otra vez una prueba de sobriedad y fue nuevamente citado ante la justicia.
Los dos primeros casos de COVID-19 en la cárcel del condado de Cook se reportaron el 23 de marzo. Antes de Sangabriel habían fallecido ya al menos dos personas.
Una de ellas, Leslie Perioni, de 51 años, murió en el Hospital de St. Anthony el 9 de abril, un día antes de que un juez federal ordenara a la cárcel del condado que proporcionara desinfectantes a los reclusos. Se distribuyeron 28 galones de desinfectante, pero la orden no indicaba medidas de distanciamiento social más allá de en las áreas de admisión.
El 27 de abril, el juez federal Matthew Kennely ordenó que la cárcel debía asegurar el distanciamiento social entre los 4,000 reclusos para evitar la propagación del coronavirus, que, hasta esa fecha, había matado ya a seis detenidos y a un guardia de la instalación.
El juez no ordenó la liberación de los reclusos mayores y de aquellos con problemas de salud que aumentaran el riesgo.
El magistrado señaló en su último fallo que algunos guardias se burlaban abiertamente del distanciamiento social. Otros le dijeron que la cárcel no limpiaba lo suficiente las áreas comunes, y que los teléfonos no se desinfectaban entre las llamadas de los reclusos. La nueva orden pedía que los teléfonos y otros objetos fueran limpiados después de cada uso por parte de los reclusos.
Cuando Sangabriel estaba aún en la cárcel, la defensora pública del condado de Cook, Amy Campanelli, presentó una moción para revisar las fianzas de forma que un juez pudiera ordenar la liberación masiva de cientos de detenidos a la vez.
Campanelli trató de incluir a los detenidos por cargos no violentos de bajo nivel como Sangabriel, pero el juez presidente de la División Criminal, LeRoy Martin Jr., rechazó el pedido de liberaciones en masa y dijo que las fianzas debían considerarse caso por caso, incluso si fiscales y defensores públicos acordaban que un acusado debía ser liberado.
Sus amigos y familiares recuerdan a Sangabriel como una persona jovial, amante de la diversión. Era soltero y no tuvo hijos, pero era parte importante de un grupo extenso de personas en el vecindario de La Villita.
Su prima Verónica Muros cuenta que era el centro de las reuniones familiares. En las fotos y videos que tiene de él se le ve bailando en fiestas y sentado con la familia en un comedor decorado con globos azules y serpentinas de colores. Amaba las carnitas.
“Él cometió un error. La ley es la ley, pero creo que todos cometemos errores”, asegura su sobrina; en su pueblo todos juntaron dinero para repatriar las cenizas de su tío, cuenta.
La madre de Sangabriel hizo un altar para su hijo a la espera de sus cenizas, que llegaron el viernes. Está adornado con velas, flores frescas, un crucifijo, y lleva la foto de Sangabriel en el centro.
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