In this Tuesday, Feb. 7, 2017, photo released by U.S. Immigration and Customs Enforcement shows foreign nationals being arrested this week during a targeted enforcement operation conducted by U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) aimed at immigration fugitives, re-entrants and at-large criminal aliens in Los Angeles. Immigrant advocates on Friday, Feb. 10, 2017, decried a series of arrests that federal deportation agents said aimed to round up criminals in Southern California but they believe mark a shift in enforcement under the Trump administration. (Charles Reed/U.S. Immigration and Customs Enforcement via AP)
El juez federal en Kansas Carlos Murguia dictaminó que una ley que convierte en delito “alentar” o “inducir” a inmigrantes indocumentados a ingresar a Estados Unidos es anticonstitucional, anulando así los casos de personas acusadas de haber ayudado a inmigrantes sin presencia legal en el país.
Se anticipa que el gobierno apelará la decisión de Murguia, por lo que el caso podría llegar a ante la Corte Suprema.
El fallo de Murguia, emitido este miércoles y difundido un día después, se basa en una opinión de 2018 de la Corte de Apelaciones del Noveno Distrito Federal, con sede en San Francisco, que en un caso similar concluyó que la ley que condena la ayuda a indocumentados infringe los derechos garantizados por la Primera Enmienda de la Constitución nacional.
Aunque Murguia está fuera del Noveno Distrito (de hecho, pertenece al Décimo Distrito, con sede en Denver), consideró el dictamen de los jueces en San Francisco como un “argumento persuasivo”, por lo cual, además de declarar la inconstitucionalidad esta ley en cuestión, anuló las acusaciones de dos indocumentados mexicanos que daban trabajo a otros inmigrantes.
En su fallo dijo que adoptaba “por completo” el análisis de la corte del Noveno Circuito y aceptó que la ley es “exagerada”.
De esta manera, José Felipe Hernández-Calvillo y Mauro Papalotzi, que trabajaban para una empresa de construcción en Lawrence (Kansas) colocando paredes de yeso, ya no enfrentan hasta cinco años de prisión por haber ayudado a indocumentados, ni otros cinco años adicionales por haber obtenido “ventajas comerciales y ganancias financieras” del trabajo de ellos.
La decisión judicial, sin embargo, no afecta a la orden de deportación contra los dos indocumentados mexicanos.
La ley ahora considerada inconstitucional se usó contra el mexicano Juan Pablo Sánchez-Delgado, residente en O’Neill (Nebraska), arrestado en agosto de 2018 y acusado en marzo de este año de conspirar para ayudar a indocumentados y obtener beneficios financieros. Sánchez-Delgado podría ser condenado a 10 años de prisión y pagar una multa de hasta 250.000 dólares.
La misma ley también se usó contra Sholom Rubashkin, dueño del frigorífico Agriprocessors, en Iowa, donde en mayo de 2008 fueron detenidos casi 400 indocumentados. Rubashkin había sido sentenciado a 27 años de prisión, pero en diciembre de 2017 el presidente Donald Trump conmutó esa sentencia.
La ley fue aprobada por el Congreso en 1952 y ha sufrido enmiendas en varias ocasiones desde entonces. Las violaciones conllevan una sentencia de hasta cinco años de prisión, y se pueden añadir otros cinco años si se considera que el acusado actuó para obtener una “ventaja comercial o ganancia económica privada”.
Con información de EFE
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