La Fiscalía mexicana identifica a ocho víctimas del ‘Monstruo de Ecatepec’

A dos meses de la detención de la pareja feminicida, las autoridades preparan ochos cargos más por feminicidio

29 de noviembre de 2018 – México – Agencias.

Casi dos meses después de la detención de Juan Carlos Hernández, conocido como el monstruo de Ecatepec, y su pareja, la Fiscalía mexicana ha confirmado este miércoles la identificación de ocho víctimas del matrimonio feminicida. Los nombres llegan siete semanas después del arresto del presunto asesino serial que conmocionó a México. Los acusados ya fueron imputados por un feminicidio -de una de las mujeres que ya había sido identificada-, por el que enfrentan al menos 60 años de prisión, y delitos de trata de personas, desaparición forzada y violación de las leyes sobre inhumación y exhumación. Con las identidades nuevas en la mano, las autoridades se preparan para acusar a los detenidos en las próximas semanas por ocho homicidios más.

Las víctimas alcanzaban la veintena, según había afirmado la Fiscalía al inicio del caso, basándose en la confesión del detenido. Pero dos meses después, la tarea de certificar las acusaciones se volvió una labor difícil de concretar para las autoridades y solo se les ha podido inculpar por un feminicidio. El arresto de la pareja, el pasado 5 de octubre, se dio gracias a que los detenidos, investigados durante meses, encendieron el celular de una de las víctimas, reportada como desaparecida. Cubetas y bolsas de plástico con restos humanos dentro de un refrigerador fue lo que reportó haber encontrado la policía en dos domicilios de los acusados en Ecatepec, un municipio a solo 25 kilómetros de la capital mexicana, conocido por ser letal para las mujeres en un país donde al menos siete son asesinadas cada 24 horas.

A los pocos días de la detención, la pareja de feminicidas fue judicializada por el feminicidio de Nancy Huitrón, una mujer que desapareció junto a su hija de dos meses en septiembre, y por delito de trata de personas -por la venta de la bebé de Huitrón a cambio de 15.000 pesos (790 dólares)-, además de desaparición forzada y violación de las leyes sobre inhumación y exhumación. El desafío estaba, sin embargo, en el reconocimiento del resto de las víctimas para poder así acusarle de los otros feminicidios que el detenido había admitido. El fiscal a cargo del caso ha asegurado que, hasta este miércoles, solo nueve de los 16 nombres que dio el imputado a la policía han podido ser tachados de la lista. No obstante, la Fiscalía no ha querido conceder a este periódico la nómina completa de las identificadas.

“Las pruebas genéticas de la Fiscalía han confirmado que los restos corresponden a mi hija”, ha apuntado a este periódico María Guadalupe Hernández, madre de Samanta Arlet Olguín, una chica de 22 años que había desaparecido en Ecatepec el pasado mes de abril. La mujer, quien junto a otras dos madres de jóvenes desaparecidas guiaron la investigación policial hacia los detenidos, ha solicitado la participación de un segundo perito que certifique los análisis de ADN. “Quiero estar segura de que pertenecen a mi hija, por mi salud mental y la de mi familia”, ha sentenciado.

No es la primera vez que las sospechas recaen en el trabajo de las autoridades. Tanto la madre de Olguín como otros familiares de mujeres desaparecidas en Ecatepec, acusaron públicamente a la Fiscalía de no tomarse en serio las desapariciones. En cuanto a la investigación, la crítica va hacia la lentitud del proceso penal. “La investigación ha sido muy lenta. Ya pasaron dos meses, es hora de que me entreguen el cuerpo de mi hija”, ha manifestado Hernández.

Mientras la Fiscalía continúa esclareciendo a quienes pertenecen los restos encontrados en las viviendas del matrimonio, las desapariciones sin resolver siguen asediando a Ecatepec. Tan solo entre enero y abril de este año desaparecieron 17 mujeres en este municipio, según los datos del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas. Mientras que otras 65 lo hicieron en 2017 y, en la mayoría de los casos, se trataba de menores de edad. Esta localidad, junto a Toluca (la capital del Estado), encabeza las peores cifras del país con más de 2.000 mujeres en paradero desconocido.