La ley que criminaliza el aborto en Míchigan es declarada inconstitucional

7 de septiembre de 2022 – Washington – EFE.

El Tribunal de Apelación de Míchigan declaró este jueves inconstitucional la prohibición penal del aborto en ese estado, que data de 1931, y emitió una orden judicial permanente que prohíbe la aplicación de ese veto por parte del fiscal general y de los fiscales de condado.

La organización proabortista Planned Parenthood, que defiende una atención médica asequible de alta calidad en el país, celebró en un comunicado que ese dictamen suponga que el acceso al aborto queda protegido en ese estado.

La decisión de la jueza Elizabeth Gleicher, calificada de “histórica”, es en su opinión “una victoria crítica” para poder abortar después de que el Supremo derogara el pasado 24 de junio la sentencia ‘Roe contra Wade’ (1973), que protegía el derecho al aborto en Estados Unidos.

La delegación de Planned Parenthood en Míchigan y la doctora Sarah Wallett, que practica abortos y es la directora de operaciones médicas de la organización en ese estado, habían impugnado por primera vez la prohibición del aborto en una corte estatal el pasado 7 de abril.

Su demanda argumentaba que la ley era “inconstitucionalmente vaga y violaba los derechos de los habitantes de Míchigan en virtud de la Constitución estatal y las leyes que contemplan los derechos civiles”, indicó Planned Parenthood en un comunicado.

El pasado 17 de mayo el Tribunal de Apelación bloqueó temporalmente la prohibición y protegió así el acceso al aborto incluso después de la decisión del Supremo.

Su decisión de este jueves, que entra en vigor de forma inmediata, reafirma que el veto de 1931 “es plenamente inconstitucional porque su aplicación privaría a las mujeres embarazadas de su derecho a la integridad y autonomía corporales y a la igual protección bajo la ley”.

La doctora Wallett subrayó que ese fallo “garantizará que los habitantes de Míchigan puedan continuar tomando decisiones profundamente personales sobre su salud, vida y futuro sin la interferencia de los funcionarios estatales”.