21 de julio de 2017 – Caracas – Agencias.
La oposición venezolana nombró ayer una corte suprema paralela en su ofensiva para obligar al presidente Nicolás Maduro a suspender la elección de una polémica Asamblea Constituyente, prevista para el día 30. «Mantenemos la presión, nombramos a los magistrados y el sábado (por hoy) de nuevo a las calles. La próxima semana será la recta final para lograr el cambio en Venezuela y hacer retroceder esa falsa Asamblea Constituyente», proclamó el diputado Freddy Guevara.
Los legisladores de la oposición convocaron ayer una sesión parlamentaria pública en una plaza del este de Caracas, donde designaron a 33 magistrados para integrar un Tribunal Supremo de Justicia, al margen del que ya existe, dominado por el régimen. El presidente del Comité de Postulaciones Judiciales, el diputado Carlos Berrizbeitia, explicó que los nuevos jueves «tomarán las acciones jurídicas debidas y contarán con todo el apoyo de la Asamblea Nacional». El vicepresidente del comité y representante de la sociedad civil, Perkins Rocha, adelantó asimismo que los expedientes de quienes resultaron electos ayer serán de acceso público «para que todo el pueblo sepa quiénes son estos nuevos magistrados y por qué fueron elegidos».
La reacción del chavismo no se hizo esperar. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia pidió a las autoridades competentes que se apliquen «acciones de coerción» contra el Parlamento por cometer delitos de «usurpación de funciones» al designar a nuevos magistrados de la máxima corte. El Parlamento venezolano, de mayoría opositora y considerada en «desacato» por el Supremo, tampoco reconoce al Supremo chavista, cuyos miembros fueron designados en 2015 por un Legislativo en poder del chavismo.
El Supremo chavista indicó que con este proceso de la oposición «se configura el delito de usurpación de funciones a quienes concurran en la inconstitucional pretensión de designación de magistrados» y advierte de «consecuencias jurídicas». «Incurren en los delitos contra la independencia y seguridad de la nación, en particular en los delitos de traición a la patria y contra los poderes nacionales y de los estados», agregó.
La estrategia opositora continúa tras el paro general del jueves, que dejó cuatro personas muertas en violentos disturbios, elevando aún más los fallecidos en casi cuatro meses de protestas, que ya superan los cien. Disparos con armas de fuego, de origen aún desconocido, contra participantes de la huelga provocaron dos muertes en Los Teques, mientras que la represión de la Guardia Nacional generó dos fallecidos en La Isabelica.
Los fuertes choques entre fuerzas de seguridad y manifestantes que se registraron durante el paro en Caracas y otras ciudades dejó un saldo de 367 detenidos sobre todo en la capital y en los estados Zulia, Nueva Esparta y Carabobo, según la ONG Foro Penal.
Hasta la madrugada del viernes, pequeños grupos de manifestantes mantuvieron bloqueadas calles con barricadas de escombros. La oposición estimó que el paro tuvo un seguimiento del 85%, con comercios cerrados y autobuses a medio gas. Según Maduro fue un fracaso, ya que sectores clave de la economía, como la industria petrolera, operaron al completo.
La oposición trata de evitar elección de una Asamblea Constituyente, cuyos 545 asambleístas se elegirán a finales de mes para reformar la Carta Magna. El bloque antichavista considera que no fue convocada en referendo y que el sistema electoral es un «fraude» con el que Maduro busca aferrarse al poder, con apoyo de los militares y los poderes electoral y judicial.
El Tribunal Supremo de Justicia oficialista está muy cuestionado en los últimos meses por su parcialidad. Recientemente ha abierto un procedimiento contra la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, chavista devenida en fuerte crítica del Gobierno, justamente porque afirmó que esos 33 magistrados fueron designados irregularmente por la anterior mayoría legislativa oficialista y con sus fallos rompieron el orden constitucional. Sin embargo, Ortega Díaz criticó el nombramiento por parte del Parlamento –de mayoría opositora– de nuevos los nuevos jueces. «La gente lo que quiere es que haya orden. La gente lo que quiere es seguridad, tranquilidad, decencia».
