La Suprema Corte de México declara inconstitucional penalizar el aborto

7 de septiembre de 2021 – Ciudad de México – EFE.

La máxima autoridad judicial dictaminó este martes que penalizar el aborto es inconstitucional. El fallo es un gran avance para la salud y los derechos de las mujeres, pero además sienta un precedente histórico en la nación, desterrando la amenaza de cárcel por aborto.

El nuevo fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México sienta un precedente en los derechos y libertades de la mujer en todo el país.

La SCJN declaró este martes inconstitucional la penalización de las mujeres que abortan en la primera etapa del embarazo y reconoció su derecho a decidir si quieren ser madres o no.

Para lograr esto, los ministros del pleno de la Corte invalidaron el artículo 196 del Código Penal del estado norteño de Coahuila, que imponía de uno a tres años de prisión “a la mujer que voluntariamente practique su aborto o a la persona que le hiciere abortar con el consentimiento”.

Si bien la decisión revierte una normativa de Coahuila, por tratarse de un recurso de anticonstitucionalidad, su alcance es ya de aplicación general, debido a que sienta jurisprudencia en todo el país.

Previo a este fallo, el aborto estaba despenalizado en cuatro de los 32 estados: Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz. En estos casos, fueron los legislativos estatales quienes realizaron modificaciones a sus normas. En los estados restantes la práctica sigue estando penalizada, aunque con algunas excepciones.

Por el derecho a decidir sin criminalizas a las mujeres

El derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo es aún hoy un problema en países tan católicos como México que, en lugar de considerar el aborto como una solución reproductiva o en miras de la salud, se torna al contrario un crimen contra la vida.

Con esta decisión de la Corte, muchas mujeres y organizaciones que defienden los derechos reproductivos podrán defender el precedente para combatir por la vía judicial la criminalización del aborto en otros códigos penales que lo prohíben.

Así, el anuncio de este martes implica que “las mujeres o personas gestantes que así lo decidan puedan interrumpir su embarazo en las instituciones de salud pública de forma accesible, gratuita, confidencial, segura, expedita y no discriminatoria”, como afirmó el pleno de la Corte.

“El Estado no solo debe abstenerse de forma absoluta de penalizar el aborto, en donde se restrinja el derecho de las mujeres o gestantes a decidir sobre su propio cuerpo, sino que además debe garantizar condiciones mínimas para que ello sea posible”, declaró Norma Piña, ministra de la SCJN.

En el pasado, la Suprema Corte ya se había pronunciado a favor de las mujeres que habían visto violados sus derechos, pero según Rebeca Ramos, directora de la organización no gubernamental de derechos reproductivos GIRE, este 7 de septiembre era la primera vez que los magistrados debatían el fondo de la cuestión: a saber, si abortar debe ser considerado un delito o no.

Cuando la ley no se practica en los estados

En 2007, Ciudad de México fue la primera ciudad en aplicar una “ley de plazos”, que señala 12 semanas de gestación en las que es posible interrumpir el embarazo sin tener que dar explicaciones.

Junto a la capital mexicana se sumaron luego los estados de Oaxaca, Hidalgo y Veracruz.

Todos despenalizaron el aborto en caso de violación y algunos añadieron el riesgo para la vida o la salud de la gestante, así como malformaciones fetales. Sin embargo, en la práctica esto no ha sido aplicado como se esperaba y muchas mujeres han terminado en centros clandestinos para abortar, pasando riesgos médicos y sanitarios e incluso, la muerte.

Muchas de estas mujeres fueron y son menores de edad o adolescentes que no tienen acceso a métodos anticonceptivos económicos.

Según datos de Save the Children, cada año en México se producen cerca de medio millón de embarazos adolescentes. Las complicaciones en este sector de la población se deben, entre otras razones, a que son mujeres que en su mayoría pertenecen a familias con bajos ingresos económicos, tienen acceso a servicios de salud precarios y una alimentación poco saludable.