Miami reconoce derechos a los inquilinos en medio de una crisis de la renta

4 de mayo de 2022 – Miami – EFE.

El condado de Miami-Dade, el lugar de Estados Unidos donde los precios de las viviendas de alquiler han subido más, acaba de aprobar su primera ley de derechos de los inquilinos para tranquilidad de miles de personas que temen quedarse en la calle.

La concejal Raquel Regalado dice a Efe que esta ley de la que es patrocinadora pone “blanco sobre negro” lo que los inquilinos pueden exigir a sus caseros y responde a problemas concretos, pero carece de competencia en lo que tiene que ver con la desorbitada subida de las rentas, que fue de casi un 57,2 % en un año.

Regalado subraya que en unos meses presentará una ley similar sobre los derechos de los caseros para establecer reglas claras para ambas partes en Miami-Dade, el condado más poblado de Florida que hace casi un mes fue declarado oficialmente en estado de emergencia por la falta de vivienda asequible.

La alcaldesa, Daniella Levine Cava, y la junta de concejales acordaron también el pasado 8 de abril la creación de un programa llamado Building Blocks con vistas a aumentar la oferta de unidades habitacionales al alcance de personas de bajos ingresos -la oferta de viviendas de lujo es por el contrario muy amplia- y la estabilidad en la vivienda.

No solo hay escasez de vivienda asequible en Miami-Dade, sino que la que hay sube de precio frecuentemente debido a un mercado sobrevalorado y con una demanda creciente.

LA CRISIS DE VIVIENDA LLENA LOS REFUGIOS

Hilda Pérez, directora ejecutiva de Camillus House, entidad que desde hace 60 años asiste a personas sin hogar en Miami, subraya a Efe que tienen su refugio “repleto” a consecuencia del aumento de los precios de la vivienda.

Las personas y familias que atienden en un programa de prevención del desamparo no pueden abandonar el refugio porque, a pesar de contar con ayudas para alquilar vivienda, no encuentran nada a su alcance y eso impide que los que están en la calle puedan acceder al techo que les da Camillus House.

En lugar de 90 días en el refugio están quedándose hasta 120 o 140 días, dice Pérez, quien subraya que la demanda de camas es tal que están sobrepasando la capacidad del refugio, que es de 400.

Lilly Vázquez, de la organización Wynwomen, una de la que forman parte de la alianza Smash, creada para responder “a la crisis de la renta”, dice a Efe que es “bochornoso” lo que está pasando.

La activista habla de personas mayores, madres solteras y excombatientes de las guerras de EE.UU. en el extranjero que con los 800 o 900 dólares que reciben como ayuda mensual del Gobierno no pueden pagarse un techo en Miami-Dade.

“El pueblo está sufriendo”, dice.

Efe entrevistó a varias personas residentes en la ciudad de Hialeah, que forma parte de Miami-Dade y está habitada en su inmensa mayoría por hispanos de clase trabajadora, para conocer sus opiniones sobre la situación de la vivienda en el condado.

¿UN CONDADO SOLO PARA PODEROSOS?

Marisa, madre de tres hijos, uno de ellos discapacitado, dice a Efe que paga 2.000 dólares por un apartamento de tres dormitorios en un edificio similar y vecino del anterior y afirma que no conoce la ley de inquilinos, pero es un cambio pues hasta ahora la realidad es que en Florida son solo “los poderosos” los que tienen derechos.

La concejal Raquel Regalado defiende como un paso en la dirección correcta la iniciativa de la ley de derechos de inquilinos y la también aprobada creación de una oficina para hacer que se cumplan las normas y recurrir para denunciar o pedir consejo.

Con la nueva ley los inquilinos podrán evitar el desalojo si usan el dinero del alquiler para pagar las reparaciones que los propietarios han estado descuidando.

Los propietarios estarán obligados a proporcionar la nueva declaración de derechos a los inquilinos y detalles sobre la ley de Florida que prohíbe a los propietarios cortar los servicios públicos por falta de pago del alquiler.

También deberán notificar a sus inquilinos si el edificio cambia de dueño y advertirles si no es seguro.

Los grupos de bienes raíces, contrarios a la ley, alegaron que puede usarse para hacer trampa en el pago del alquiler.