Tribunal permite a ICE ampliar deportaciones aceleradas

‘La Migra’ puede expulsar a un extranjero “en horas”

23 de junio de 2020 – Agencias.

Un Tribunal de Apelaciones en Washington, D.C. permitió a la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ampliar el alcance de los procedimientos de deportación acelerados.

Los jueces consideran que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que depende ICE, tiene la discreción “única y no revisable” para realizar cambios en las expulsiones aceleradas.

Grupos de inmigrantes han luchado por detener la expansión de tal proceso, al considerarlo injusto, algo que dividió a los jueces, que decidieron respaldar a las autoridades.

Las deportaciones aceleradas se extienden a más 100 millas de la frontera, permitiendo el arresto y expulsión de los EE.UU. de inmigrantes que no pueden documentar la residencia desde hace más de dos años.

La medida se tomó considerando los esfuerzos de la Patrulla Fronteriza a menos de 100 millas de la frontera, donde se detiene extranjeros a los que se puede expulsar más fácilmente.

La opinión de la jueza Patricia Millett apunta que este tipo de deportaciones están consideradas por el Congreso en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), por lo que las autoridades migratorias hacen uso de esa herramienta.

Establece que, sin embargo, aquellos inmigrantes que soliciten asilo o demuestren amenazas en sus países de origen, podrían evitar este tipo de expulsión.

Agrega que esta forma de deportación había sido aplicada en casos excepcionales, pero no es irregular su extensión.

“Debido a las preocupaciones pasadas del Poder Ejecutivo sobre administrabilidad y precisión de la expulsión acelerada… el Secretario había elegido durante mucho tiempo aplicar esos procedimientos abruptos solo para ciertas clases reducidas de individuos”, apunta la opinión.

Se destaca que el titular del DHS tiene la “discreción” de aplicar la regla de acuerdo al contexto.

Prepararse con abogado

El abogado de inmigración, Dr. Nelson Castillo, de Inmigración Hoy, explicó que bajo esta regla, los extranjeros indocumentados “corren peligro” de ser deportados en cualquier momento, por lo que sugirió prepararse ante un posible encuentro con ICE.

“Una persona indocumentada desde el momento que entra a los Estados Unidos corre peligro (de ser deportada)”, recordó. “Ha violado la ley de inmigración y, dependiendo que lo que ha hecho, es lo que lo va aponerla en un proceso de remoción de una forma rápida”.

Agregó que algunos inmigrantes pueden solicitar asilo, pero recordó que “cada caso es único” y es complicado generalizar, ya que las protecciones migratorias no aplican para cualquier gente.

“Nunca deberíamos generalizar sobre nada (en asuntos migratorios)”, indicó. “Cada persona debe ser evaluada”.

Al especificar qué significa “estar preparados”, el Dr. Castillo enfatizó que los indocumentados deben buscar asesoría previa a una detención, así como considerar los gastos de un defensor, aunque es posible que encuentre alguna organización civil que lo ayude o abogados de bajo costo.

“(Es importante) hablar con un abogado de imigración lo ante sposible para exponer su situación”, enfatizó. “Todas las personas (indocumentadas) corren más peligro, especialmente si no están preparadas para una detención… entender cómo le aplica la ley de inmigración”.

Los activistas reclaman que ICE no permita a los inmigrantes presentar reclamos ante un juez y detener su deportación.

A finales de 2019 se interpusieron demandas que han bloqueado temporalmente la medida del DHS, pero la decisión del Tribunal en D.C. cambia el escenario.

Un abogado del Departamento de Justicia (DOJ) dijo a Courthouse News que estos procesos “suceden muy rápido”, ya que en cuestión de horas ICE puede expulsar a un extranjero indocumentado.

“No quiero ser simplista, pero se llama eliminación acelerada. Sucede rápido”, expuso el abogado del DOJ Erez Reuveni.

Debido a la expansión de la política, abogados sugieren a los inmigrantes a portar sus identificaciones correspondientes, a fin de evitar problemas con autoridades.

La decisión del Tribunal es respuesta a una demanda de una coalición de 22 procuradores, liderador por el procurador general de California, Xavier Becerra.