Trump declara la guerra a los opiáceos

27 de octubre de 2017 – Agencias.

Donald Trump emprende una guerra contra el opio y los opiácios. En una declaración pública, el presidente de EE UU declaró una emergencia sanitaria nacional, que se prolongará 90 días. Un movimiento previsto desde hace tiempo y diseñado para abordar el aumento de la adicción a analgésicos con receta como OxyContin o Vicodin, que lleva a muchos estadounidenses a engancharse luego a la heroína.

En esta ocasión, al presidente, le acompañó su esposa y primera dama, Melania Trump, que llevó a cabo la presentación de la intervención. «Las familias están rotas por la abuso de opio. Su uso y el de opiáceos se ha multiplicado por cuatro desde 1999. Podemos ser la generación que termine con esta epidemia. El Gobierno luchará en todos los frentes», indicó el mandatario antes de anunciar de forma pública su orden.

Sin embargo, esta decisión se queda corta, debido a que se esperaba que Trump declarase la «emergencia nacional», que hubiese permitido el envío inmediato de fondos federales para abordar este asunto. Aun así, la orden del presidente garantiza que se destine el uso de fondos públicos para luchar contra el abuso del opio y los opiáceos en todo el territorio nacional. «Los fondos vendrán más rápido que en otras ocasiones», aseguró el magnate en clara respuesta a las críticas anteriormente citadas.

Durante los pasados días en los que se ha valorado cómo abordar esta situación, los funcionarios de la Casa Blanca han indicado que la declaración de emergencia nacional no era necesaria, en tanto en cuanto que consideran que se atajará de manera más eficaz con una declaración de emergencia pública sanitaria. De esta forma, serán ellos los que trabajen de forma directa con los legisladores del Capitolio para localizar las partidas que se destinarán para luchar contra esta crisis. En un principio, el Gobierno ha acordado que los fondos salgan de un paquete anual de gasto, en el que se incluiría el Fondo de Emergencia de Salud Pública.

De esta forma, Trump cumple su promesa de abordar la lucha contra la crisis del consumo de esta sustancia en el país, una de sus prioridades después de llegar a la Casa Blanca. Ya en el mes de agosto el presidente utilizó las palabras «emergencia nacional» para referirse a la citada crisis. En cambio, no firmó ninguna declaración formal que permitiese destinar de forma inmediata cierta cantidad de fondos para abordar este problema en Estados Unidos, que se llevó por delante las vidas de 64.000 personas en 2016, especialmente en las zonas rurales de Maryland, Pensilvania, Tennessee y Virginia Occidental. Según las cifras dadas a conocer por la Casa Blanca, en Estados Unidos hay once millones de personas adictas a los medicamentos, muchos de ellos opiáceos. Mientras, unos 950.000 estadounidenses reconocen haber consumido heroína.

Además de que no se haya precisado todavía cómo se obtendrá el dinero para atajar este problema, se desconoce su alcance a corto plazo, debido a que el presidente Trump aún tiene que nombrar a los miembros que llevarán a cabo su plan. Entre ellos, destacará un «zar antidroga» que tendría que trabajar en un principio con el secretario de Sanidad en el diseño de un plan que aborde la estrategia de lucha contra el consumo de opio. En este caso, lo podría hacer con el subsecretario, ya que el responsable de Sanidad, Tom Price, tuvo que dimitir el mes pasado después de que se descubriese que utilizaba un jet privado a costa del contribuyente para viajes personales.

La reforma fiscal

En otro orden de cosas, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó ayer por la mínima, por 216 votos a favor y 212 en contra, un proyecto de ley presupuestario de 4 billones de dólares (entre ellos 622.000 millones para defensa) para el año fiscal 2018. De esta forma, se allana el camino para debatir en el Congreso la reforma fiscal prometida por Trump. Con el Partido Demócrata en bloque y 20 legisladores republicanos en contra, su aprobación, ya ratificada en el Senado, es clave para que se empiecen a debatir los recortes de impuestos para empresas y trabajadores prometidos por el presidente durante la campaña electoral.