El fiscal del distrito de Manhattan tiene abierta una investigación penal por los pagos que el entonces candidato a presidente hizo durante la campaña para silenciar a dos mujeres con las que tuvo relaciones
7 de octubre de 2019 – Nueva York – Agencias.
Duro revés legal a Donald Trump aunque logra esquivar el golpe de momento. Un juez federal en Nueva York desestimó inicialmente este lunes la petición del presidente de Estados Unidos para que se bloqueara la solicitud del fiscal del distrito de Manhattan, Cyrus Vance, por la que le reclamaba la entrega de ocho años de su declaración de impuestos en el marco de una investigación penal. El magistrado Víctor Marrero concluye que no es inmune. Pero Trump consiguió una hora después dilatar el proceso con una apelación de emergencia.
Marrero ordenó a los contables de Trump a entregar la información requerida por Vance. Al magistrado no le convenció el argumento de “las cargas y las interferencias que describe” el presidente en este caso al referirse al cumplimiento de sus deberes constitucionales. El fiscal neoyorquino está investigando los pagos que hizo el entonces candidato a las presidenciales de 2016 para silenciar a dos mujeres con las que tuvo relaciones sexuales.
Vance reclama declaraciones de impuestos personales de Trump y sus negocios desde 2011. Los abogados del mandatario argumentan que es inconstitucional someter a un presidente en ejercicio a un proceso penal. “Este tribunal no puede respaldar una afirmación tan categórica e ilimitada de la inmunidad presidencial”, respondió el magistrado, “colocaría al presidente por encima de la ley”. Con su fallo obligaba así a la firma contable Mazars a entregar los documentos requeridos este lunes. Pero otro juez suspendió poco después la orden mientras examina la apelación.
La opinión de Marrero está explicada en 75 páginas. El juez rechaza la teoría de Donald Trump diciendo que no solo su comportamiento no sería inmune a una investigación, tampoco la sospecha de “mala conducta de cualquier otra persona, afiliado comercial, asociado o pariente que pudiera haber colaborado con el presidente en cometer actos supuestamente ilegales”. “Esa doctrina va contra la estructura gubernamental y los valores constitucionales de la nación”, concluye.
Vance envió la primera citación judicial a Mazars el pasado agosto como parte de la investigación a los pagos realizados a la actriz porno Stormy Daniels y la modelo Karen McDougal por parte del abogado Michael Cohen, que cumple condena en prisión tras declararse culpable por violar las leyes de financiación de la campaña. El fiscal trata de determinar si con esos abonos la organización Trump violó una legislación estatal contra la falsificación de registros comerciales.
La conclusión rotunda de Marrero se conoce solo unos días después de que el Departamento de Justicia interviniera en el caso, tratando de que se bloqueara temporalmente la solicitud para poder así considerar las implicaciones legales. También aseguraba que este expediente debería estar confinado a un tribunal estatal, en lugar de uno federal. Vance, por su parte, pidió una decisión para evitar que expirara el plazo para perseguir el delito.
El presidente Trump arremetió en Twitter contra el fallo del juez Marrero y la investigación de Vance. “Los demócratas radicales de izquierda han fracasado en todos los frentes, por lo que ahora están presionando a los fiscales locales demócratas de la ciudad de Nueva York para que vayan a buscar al presidente Trump”, dijo en la bitácora electrónica, “una cosa así nunca le había pasado a ningún presidente antes. ¡Ni siquiera cerca!”.
No es el único frente al que se enfrenta Trump por sus impuestos. El presidente ya presentó también a finales de julio una demanda a título personal contra el Comité de Medios de Arbitrios de la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, y contra el Estado de Nueva York para tratar de bloquear que sus declaraciones fiscales llegaran al Capitolio. La acción legal de Trump tuvo lugar después de que el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, firmase una ley por la cual el fisco del Estado puede entregar a los comités del Congreso los datos del mandatario si hay un interés legítimo.
La demanda del presidente apuntaba a que la legislación firmada por Cuomo era contraria a la Constitución y suponía un intento de exhibir su información privada con el fin de obtener réditos electorales. En la campaña electoral para las presidenciales de 2016, Trump ya rompió la tradición de hacer públicas sus declaraciones de impuestos como muestra de transparencia. Es el primer presidente en 40 años que no las publica.
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