Un exasesor de Trump, condenado a más de tres años de cárcel por mentir al Congreso

La juez se decanta por una sentencia fuerte contra Roger Stone, pero lejos de los entre siete y nueve años solicitados por los fiscales

20 de febrero de 2020 – Washington – Agencias.

Tras más de 40 minutos abroncando al acusado, la juez Amy Berman Jackson ha anunciado este jueves la esperada sentencia contra el amigo y exasesor de Donald Trump, Roger Stone: 40 meses de cárcel. Atacada por el presidente Trump, la magistrada se vio obligada a defender su propia integridad y dictó una condena significante, aunque lejos de los entre siete y nueve años que solicitaron los fiscales y que han enturbiado la política de Washington durante las últimas dos semanas. Se espera la reacción en Twitter del presidente.

Cargada de emoción, casi enfadada, la juez se extendió en una larga reprimenda contra el exasesor de Trump al que definió como un ser “inseguro” que solo buscaba “atención”. La carrera profesional de Stone se extiende desde el escándalo del Watergate en los años setenta a la campaña electoral de Trump hace cuatro años, y ahora añadirá a su currículum tres años y cuatro meses de cárcel.

Un jurado de nueve mujeres y tres hombres encontraron culpable a Stone el pasado 15 de noviembre de siete delitos, entre ellos obstruir una de las investigaciones del Congreso de Estados Unidos sobre la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016 y la manipulación de testigos. Stone, un animal político de 67 años, es un veterano asesor e ideólogo del actual mandatario estadounidense. El ex fiscal especial Robert Mueller, que lideró las pesquisas sobre los lazos de Moscú con el entorno de Trump, lo acusó en enero de los siete delitos por los que fue declarado culpable. Stone fue clave en la investigación de Mueller por sus vínculos con WikiLeaks, la organización detrás de la filtración de miles de correos electrónicos demócratas durante la campaña presidencial.

Cuando hace 10 días se dio a conocer la condena sugerida por los fiscales del caso estalló una tormenta político-judicial. El Departamento de Justicia intervenía para reducir la pena de cárcel requerida contra el amigo íntimo del mandatario después de que Trump criticara la condena sugerida de entre siete y nueve años de cárcel. “Es una situación horrible. Los verdaderos crímenes estuvieron al otro lado. No se puede permitir este fallo judicial”, escribió Trump en un tuit que contenía un enlace a la noticia sobre la pena.

Tras las críticas y el anuncio del Departamento de Defensa de que reconsideraría la pena para rebajarla, los cuatro fiscales que llevaban el caso contra Stone anunciaron su renuncia. Uno de ellos comunicó que dimitía y planeaba dejar el Gobierno, mientras que los otros tres implicados en el caso pidieron permiso a un juez para retirarse del proceso contra Stone, declarado culpable de siete cargos en 2019. Los cuatro fiscales son Aaron Zelinsky, Jonathan Kravis, Adam Jed y Michael Marando.

A esas alturas, el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, se encontraba entre la espada y la pared e hizo algo que pocos se atreven a hacer dentro de la Casa Blanca: criticó al presidente —y sigue en el cargo—. Barr aseguró la semana pasada que le resultaba “imposible” hacer su trabajo con el ruido que provocaban los continuos tuits del mandatario. Pero lejos estaban de tener efecto las palabras en el presidente. La respuesta de Trump llegó precisamente a través de Twitter, donde aseguró que “tiene el derecho legal” de intervenir en casos judiciales.

“Que haya comentarios y tuits sobre el Departamento, la gente que trabaja en él y los casos que están pendientes hace imposible garantizar que los tribunales y los fiscales lleven a cabo su trabajo con integridad”, lamentó el fiscal general, quien ocupó ese mismo cargo en 1991 con George H. W. Bush. “No voy a dejar que nadie me influya”, afirmó en relación al “Congreso, los editoriales de los periódicos o el propio presidente”. “Haré lo que considere que está bien”, concluyó.