Un juez peruano impone 36 meses de prisión preventiva a Keiko Fujimori

La líder del partido opositor Fuerza Popular e hija mayor del expresidente Alberto Fujimori ha sido detenida inmediatamente por orden del magistrado ante un “alto riego de fuga”

31 de octubre de 2018 – Lima – Agencias.

El juez peruano Richard Concepción Carhuancho impuso este miércoles 36 meses de prisión preventiva para la líder opositora Keiko Fujimori en la investigación que se le sigue por un presunto lavado de activos en la financiación de su campaña presidencial en las elecciones de 2011. “Este despacho considera que sí existe sospecha grave sobre la participación de la investigada Keiko Sofía Fujimori en el delito de lavado de activos en condición de líder en organización creada de facto al interior en Fuerza 2011”, señaló el juez al sustentar su decisión. Ante el “alto riesgo de fuga” y la acusación de obstaculación de la investigación, Carhuancho dictó orden de detención inmediata contra Keiko, de 43 años, quien abrazó en el tribunal a su marido, Mark Vito Villanella, a quien le corrían las lágrimas, antes de irse detenida conducida por varios agentes de policía.

La líder del partido opositor Fuerza Popular, Keiko Fujimori, fue detenida el pasado 11 de octubre tras una petición de la Fiscalía de Lavado de Activos de Perú en el marco de una investigación por supuesto manejo irregular de fondos para la campaña de la formación en las elecciones de 2011. La poderosa política peruana quedó bajo arresto preventivo y fue puesta en libertad una semana después. La orden de detención tuvo que ver con el conocido como caso cocteles. Este afecta, además de a Fujimori, a otras 19 personas, entre ellas los exministros Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya. Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, es la primera fuerza política en el Congreso peruano, donde ejerce de oposición al Gobierno de Martín Vizcarra.

La hija mayor de Alberto Fujimori –que gobernó Perú entre 1990 y 2000 y que también está hoy en problemas judiciales, tras la reciente anulación de su indulto– fue arrestada en Lima cuando acudió a un tribunal para ser interrogada junto a su marido. La justicia peruana investigaba presuntas aportaciones a las campañas de la heredera política del fujimorismo por parte de la constructora brasileña Odebrecht, epicentro de una red de cobro de sobornos a cambio de obra pública en todo América Latina.

Tanto Marcelo Odebrecht, primer ejecutivo de la empresa brasileña cuando se produjeron los supuestos pagos, como su exrepresentante en Perú reconocieron a la fiscalía del país latinoamericano que la firma aportó dinero a la campaña de Keiko. En diciembre, el exsuperintendente en Perú de Odebrecht, Jorge Barata, declaró ante fiscales peruanos y brasileños que la constructora brasileña entregó 1,2 millones de dólares a la campaña.

El caso cocteles –así apodado por las explicaciones de los representantes del fujimorismo sobre los aportes fantasma: que recaudaron el dinero mediante la venta de tarjetas de 250 dólares para asistir a eventos en los que la invitada especial era la propia candidata– adquirió mayor notoriedad en 2017, cuando las autoridades peruanas encontraron en el móvil del empresario brasileño Marcelo Odebrecht una anotación que rezaba: “Aumentar a Keiko 500 y haré visita”.

La decisión del magistrado es un nuevo golpe a la formación política con mayoría en el Congreso, y que desde julio de 2016 obstruyó, primero, la gestión del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, y luego la de Martín Vizcarra, quien asumió como mandatario en marzo luego de la dimisión del exbanquero de inversión.