3 de diciembre de 2024 – Río de Janeiro – EFE.
Este martes, las autoridades brasileñas llevaron a cabo una operación en Río de Janeiro contra los líderes del Comando Vermelho (CV), una de las bandas narcotraficantes más poderosas del país. El operativo dejó como resultado 13 detenidos, varios heridos y disturbios en la zona.
En el complejo de favelas de la Penha, ubicado en la zona norte de Río, se registraron enfrentamientos a tiros entre las fuerzas de seguridad y los supuestos traficantes del CV. El área sigue siendo escenario de la operación, según informó la Policía Civil.
Miembros del Comando Vermelho intentaron dificultar la labor de los agentes colocando barricadas con neumáticos en llamas e incendiando dos autobuses. Estas acciones buscaban abrir una vía de escape para los objetivos de la operación, según las imágenes divulgadas por medios locales.
El balance final de la operación, divulgado por la Policía Civil, indica que 13 personas fueron detenidas, mientras que al menos seis resultaron heridas, incluyendo a una joven de 22 años cuyo estado es grave, según fuentes oficiales.
Durante la operación, las autoridades también allanaron un centro de llamadas, utilizado por los narcotraficantes para recibir alertas e información, y un local donde se refinaba droga. Además, incautaron más de una tonelada de drogas, mercancías robadas, 23 vehículos, piezas de fusil, cargadores, celulares y documentos.
El principal objetivo de la operación fue arrestar a los cabecillas del Comando Vermelho, quienes están acusados de ordenar el robo de vehículos y cargas para financiar las actividades ilícitas de la banda. Este dinero se utiliza para comprar armas, municiones y mantener a las familias de los capos del grupo que están en prisión.
Las autoridades sospechan que el ‘Complexo da Penha’ es el centro de operaciones del Comando Vermelho, desde donde se emiten órdenes relacionadas con la expansión de su territorio y las disputas con otras bandas narcotraficantes.
La operación contó con la participación de policías de los estados de Ceará y Pará, ya que se sospecha que algunos líderes del crimen organizado de esas regiones se encuentran escondidos en la Penha.
La intervención generó impactos negativos en la población civil, como la suspensión de clases y el cierre temporal de ambulatorios. La operación, sin embargo, fue defendida por el gobernador de Río, Cláudio Castro, quien expresó en sus redes sociales que “la lucha contra el crimen organizado no para”.
Por otro lado, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Río criticó los efectos adversos de este tipo de operaciones en la población más vulnerable, considerándolos “inadmisibles”. La comisión instó a que la lucha contra la delincuencia se lleve a cabo con respeto a las garantías constitucionales.
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