El caos administrativo atasca en EE UU la reagrupación ordenada por un juez de los niños separados de sus padres inmigrantes bajo la política de tolerancia cero
9 de julio de 2018 – Agencias.
“Es un momento muy triste para EE UU”. Dale Robertson, 64 años y su visera calada con el símbolo de Superman, se lamentaba este domingo en la ciudad fronteriza de McAllen (Texas) por la crisis creada tras la separación de miles de padres inmigrantes indocumentados de sus hijos menores de edad. Había acudido a un centro religioso de ayuda a inmigrantes para saber cómo podría echar una mano. Tenía en mente llevar perritos calientes para amenizar las próximas semifinales del Mundial de fútbol. “Es indecente lo que han hecho a los niños. Mi país no eso”, protestó.
Mientras tanto, la administración de EE UU buscaba a marchas forzadas la manera de enmendar el desaguisado provocado por la política de tolerancia cero de Trump. La aplicación de la directriz de apartar a padres e hijos inmigrantes y la posterior marcha atrás del gobierno ante la avalancha de críticas que provocó ha metido a la administración federal en un vórtice de caos a la hora de reagruparlos. Un juez de San Diego ordenó que todos los menores de cinco años estuviesen con sus progenitores mañana, 10 de julio, y hoy el Departamento de Justicia le informó de que solo se podría cumplir ese objetivo con la mitad del centenar de niños de esas edades que fueron apartados de sus familias en mayo y junio. El juez aceptó la petición del gobierno de extender el plazo para reunir a los menores de cinco años con sus padres. La fecha límite para reagrupar a los menores de edad que superan los cinco años es el 26 de julio. Según datos del Gobierno de EE UU, la cifra total de menores separados de sus padres ronda los 3.000.
Por todo el país, abogados voluntarios trabajan a marchas forzadas para tratar de acelerar los reagrupamientos, perplejos por la falta de claridad de la situación, con los funcionarios en algunos casos improvisando pruebas de ADN para confirmar la relación entre padres e hijos. “Supongo que la policía fronteriza separó a las familias sin registrar sus relaciones. Los padres, como adultos, por un lado, y los niños por otro, como se venía haciendo con los menores que llegaban sin compañía. Pero estos niños sí llegaron en familia. Creo que es un problema de desorden administrativo creado por una orden imprevista. No estaban preparados para hacerlo, no tenían un plan”, dice por teléfono desde San Antonio (Texas) el abogado Manoj Govindaiah, de la ONG Raíces, que da asistencia gratuita a los migrantes.
“El presidente dio la orden de un día para otro y se inició un proceso de separación para el que las distintas agencias de la administración involucradas no estaban listas. Se ha creado de la nada una situación de emergencia”, afirma desde Nueva York el abogado José Xavier Orochena, que lleva el caso de la guatemalteca Yeni González, separada de sus tres hijos de 11, nueve y seis años y que permanecen con una familia de acogida.
“En su caso”, detalla, “hemos podido saber dónde estaban sus hijos porque Yeni, al ver que iban a separarlos, le dijo al mayor que memorizase en teléfono de un tío que está en Carolina del Norte. Si no, no sé cómo habríamos descubierto donde estaban”. González estaba presa en un centro de detención en Eloy (Arizona). Un grupo de madres estadounidenses que supo de su situación reunió los 7.500 dólares de su fianza y organizó una caravana de relevos para llevarla en coche desde allí hasta Nueva York, a unos 4.000 kilómetros de distancia.
La abogada Ofelia Calderón, desde el estado de Virginia, representa a otra madre detenida en un centro de Texas cuyo nombre mantiene en el anonimato. Trata de reunirla con su hija de cinco años, que está con una familia de acogida. “En el último mes ha podido hablar con ella por teléfono cinco veces. Dice que se frustra porque no es capaz de explicarle qué pasa a la niña. La pequeña solo llora al otro lado del teléfono. No entiene nada. No había un plan detrás de la política de tolerancia cero. El único plan era castigar a la inmigración”.
La doctora Marsha Griffin, de la Academia Americana de Pediatras, advierte a este periódico de los riesgos de esta situación para los niños: “Las separaciones liberan una carga de estrés desacostumbrada en sus cuerpos en desarrollo y puede causar alteraciones en su estructura cerebral con daños a largo plazo. Y todo ello por obra del Gobierno. Es muy preocupante el trauma que se está causando a miles de niños”.
El caos administrativo ha conducido a situaciones kafkianas. En un juzgado de Phoenix (Arizona) fue presentado la semana pasada ante un juez un niño hondureño de un año que había sido separado de su padre. Según la agencia Associated Press, el juez hizo constar que que estaba “avergonzado” por la escena.
