15 de abril de 2025 – Nueva York – EFE.
La asamblea municipal de Nueva York interpuso una demanda contra el alcalde Eric Adams por autorizar el regreso del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) a la cárcel de Rikers, la más grande de la ciudad, de donde esta agencia había salido hace una década. En la demanda, se solicita al tribunal que detenga de inmediato esta acción.
La asamblea, compuesta mayoritariamente por demócratas, al igual que el alcalde, pidió a la Corte Suprema de la ciudad una orden de restricción temporal y una medida cautelar para impedir que ICE reinstale su oficina en Rikers, donde operó durante 20 años antes de su salida en 2014.
Los legisladores argumentan que la orden ejecutiva número 50, que permite a ICE establecerse nuevamente en Rikers, es ilegal. Según ellos, la medida responde a un presunto acuerdo entre Adams y la administración del expresidente Donald Trump, por el cual se habrían retirado cargos de corrupción a cambio del regreso de ICE a la cárcel.
La orden fue emitida el pasado 8 de abril por el vicealcalde Randy Mastro, a quien Adams delegó todas las decisiones relacionadas con este asunto, un hecho que también ha sido cuestionado por la asamblea como una forma de eludir responsabilidades directas.
De acuerdo con el Concejo, la legislación local establece con claridad que el alcalde no puede evitar un conflicto de interés simplemente cediendo su autoridad a otro funcionario, especialmente si existen antecedentes de acusaciones que involucran a la administración federal anterior.
En febrero de este año, Adams, quien fue acusado de corrupción por la fiscalía federal en 2024, anunció el retorno de ICE a Rikers tras reunirse con Tom Homan, figura clave en políticas migratorias bajo el gobierno de Trump. La medida fue criticada por organizaciones defensoras de los inmigrantes, que la ven como una traición a las políticas santuario de la ciudad.
Durante su operación pasada en Rikers, ICE solía solicitar que inmigrantes detenidos fueran retenidos más allá de su fecha de liberación, lo que derivó en deportaciones prolongadas. La demanda subraya que el supuesto acuerdo entre Adams y Trump pone en riesgo la seguridad y los derechos de las comunidades inmigrantes de Nueva York, y también involucra al Departamento de Corrección y al vicealcalde Mastro.
