6 de noviembre de 2025 – La Paz – EFE.
La expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez (2019-2020), fue puesta en libertad este jueves, luego de permanecer en prisión durante cuatro años y ocho meses por acusaciones relacionadas con la crisis política de 2019. Su liberación se produjo tras una decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que anuló la condena de diez años que pesaba en su contra y ordenó su excarcelación inmediata.
La exmandataria transitoria salió del Centro de Orientación Femenina de Miraflores, ubicado en La Paz, portando la bandera boliviana y en compañía de sus hijos, Carolina y José Armando Ribera. En sus primeras declaraciones al salir de la cárcel, Áñez reiteró su postura de que la situación de 2019 en el país no constituyó un golpe de Estado, sino que fue una respuesta a un fraude electoral, lo que motivó a los ciudadanos a exigir el respeto al voto en las elecciones generales de ese año.
Afirmó enfáticamente que nunca se arrepentirá de haber servido a su nación cuando esta lo requirió, considerando este acto como un compromiso fundamental de todo boliviano patriota, aun siendo consciente de los posibles costos personales que esto podría acarrear. Respecto a su tiempo de reclusión, describió la experiencia como “muy duro, muy doloroso”, aunque aseguró haber desarrollado una gran “fuerza de la resiliencia” frente a lo que ella percibió como un encarcelamiento injusto.
El TSJ había comunicado el día anterior la anulación de la sentencia contra Áñez, dictando su “absolución” y la orden de “inmediata libertad” en el marco del caso denominado ‘golpe de Estado II’. Por este caso, había sido condenada a diez años de prisión en 2022, bajo la acusación de haber asumido la línea de sucesión presidencial de manera ilegal en 2019, una sentencia que había sido previamente ratificada en 2023 por el mismo tribunal, aunque bajo la dirección de diferentes magistrados.
La reciente revisión de la sentencia, solicitada por la defensa de la expresidenta, llevó a los magistrados a concluir que existieron “vulneraciones al ordenamiento legal vigente” que impactaron negativamente en el debido proceso y en los derechos de Áñez. La resolución del Supremo argumenta que la asunción del poder por parte de Áñez no fue un acto de usurpación, sino una “necesidad constitucional” y señaló que el tribunal condenatorio omitió considerar el carácter público, expreso y de efecto inmediato de las renuncias de quienes la precedían en la línea de sucesión en 2019.
El fallo del TSJ enfatiza que Áñez “no actuó con dolo, no lesionó un bien jurídico protegido y su proceder estuvo amparado por un estado de necesidad constitucional orientado a preservar la continuidad institucional del Estado boliviano”. Áñez asumió el mandato interino el 12 de noviembre de 2019, dos días después de que el entonces presidente Evo Morales y todos los funcionarios en la línea de sucesión dimitieran en medio de protestas ciudadanas por denuncias de fraude electoral.
