10 de noviembre de 2025 – Quito – EFE.
Ecuador ha entrado en la semana crucial para el referéndum impulsado por el presidente Daniel Noboa, cuya votación se llevará a cabo el próximo domingo. El plebiscito abordará temas fundamentales como la potencial instalación de una Asamblea Constituyente encargada de redactar una nueva carta magna y la decisión de si el país debe volver a permitir el establecimiento de bases militares extranjeras en su territorio. Este proceso electoral tiene implicaciones significativas para la estructura política y la soberanía nacional.
Además de la propuesta para una Constituyente y la revocación de la prohibición de bases militares internacionales en el territorio ecuatoriano, los ciudadanos deberán manifestar su acuerdo o desacuerdo con otras reformas. Estas incluyen la posibilidad de reducir la cantidad de asambleístas que componen el cuerpo legislativo y la supresión de la financiación que el Estado destina actualmente a los partidos políticos. Se estima que cerca de 14 millones de ecuatorianos están convocados a votar en las 24 provincias, incluyendo a los residentes en el exterior, según datos del Consejo Nacional Electoral (CNE), que establece el voto obligatorio para ciudadanos entre 18 y 65 años.
El pasado domingo, el organismo electoral, liderado por su presidenta Diana Atamaint, llevó a cabo un simulacro de votación. Este ejercicio se realizó con el objetivo de “enviar un mensaje de confianza de que cada voto será y ha sido respetado como la expresión más genuina de la voluntad popular”, buscando asegurar la transparencia y la solidez del proceso de cara a la jornada decisiva. Mientras tanto, las campañas a favor y en contra de las propuestas se intensifican en todo el país.
El presidente Daniel Noboa, principal promotor de esta consulta, obtuvo el permiso de la Asamblea Nacional para suspender temporalmente sus funciones y enfocarse en hacer campaña por el ‘Sí’ hasta el jueves 13 de noviembre, fecha que marca el cierre de la campaña antes de que inicie el silencio electoral. En el lado opuesto, la oposición, liderada por el correísmo, junto con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), ha concentrado sus esfuerzos en promover el ‘No’. Otras agrupaciones como el Centro Democrático y Sociedad Patriótica también se han manifestado en contra, utilizando tanto las redes sociales como recorridos territoriales y cartelería para difundir sus mensajes.
La motivación central del presidente Noboa para proponer la instalación de una Asamblea Constituyente es la necesidad de reemplazar la actual Constitución, la cual fue promulgada en 2008 durante la administración de Rafael Correa. Noboa manifestó su esperanza de que, de aprobarse, se elabore “una Constitución donde el bien esté por encima del mal”, haciendo alusión a la escalada del crimen organizado que ha provocado una crisis de violencia e inseguridad sin precedentes. Este referéndum se celebra en un contexto de grave inseguridad, considerada la más severa en la historia reciente de Ecuador y una de las prioridades del actual gobierno (2025-2029), que asumió el poder en 2023.
La pregunta relacionada con la posibilidad de volver a permitir bases militares extranjeras será seguida muy de cerca por Estados Unidos. La administración del presidente Donald Trump ha expresado un interés en recuperar un punto de operaciones estratégico en el Pacífico Este Tropical. Históricamente, las fuerzas armadas estadounidenses ya tuvieron presencia en Ecuador, operando en las Islas Galápagos durante la Segunda Guerra Mundial y en la ciudad costera de Manta entre 1999 y 2009, hasta que la prohibición de la Constitución de 2008 obligó su retirada. Las recientes visitas de altos funcionarios estadounidenses como Marco Rubio y Kristi Noem han reactivado la posibilidad de que tropas y equipos militares vuelvan a territorio ecuatoriano si el ‘Sí’ prevalece.
Las dos preguntas restantes de la consulta buscan reducir el número de asambleístas nacionales, pasando de 151 a 73, y eliminar la obligatoriedad de que el Estado financie a los partidos políticos con fondos públicos. Esta última medida tiene como objetivo que sean exclusivamente los afiliados y simpatizantes de cada formación los que asuman el apoyo económico a las agrupaciones.
