31 de diciembre de 2025 – Guayaquil (Ecuador) – EFE.
El año 2025 concluye para Ecuador con una cifra de muertes violentas que marca un hito histórico negativo, alcanzando casi nueve mil casos según los registros oficiales de la policía nacional. Este incremento drástico en la criminalidad es interpretado por los mandos de seguridad como el resultado de enfrentamientos directos entre agrupaciones delictivas que pelean por el control de zonas estratégicas. La situación actual sobrepasa con creces las estadísticas de periodos anteriores, reflejando una crisis de seguridad que no ha logrado ser contenida a pesar de los esfuerzos gubernamentales previos.
Ante la gravedad del panorama, la administración actual mantuvo la declaratoria de un estado de guerra interna para combatir a las estructuras criminales mediante el uso de las fuerzas armadas. A pesar de estas medidas excepcionales y de la intervención militar en los centros penitenciarios, las proyecciones de organismos internacionales se cumplieron con precisión. Diversas instituciones dedicadas al análisis de conflictos ya habían advertido que la nación cerraría el ciclo anual con la tasa de mortalidad violenta más elevada de toda la región latinoamericana, superando sus propios límites históricos.
Las regiones situadas en el litoral del país se han consolidado como los puntos críticos de esta ola de inseguridad, especialmente debido a su conexión con las rutas del tráfico ilícito. La ciudad de Guayaquil se mantiene como el centro de mayor conflicto, lo que obligó al traslado de los altos mandos estratégicos para intentar frenar delitos como la extorsión y los ataques con explosivos. Otras provincias costeras como Los Ríos y Manabí también reportan números alarmantes de homicidios, permaneciendo bajo regímenes especiales de vigilancia para tratar de restaurar el orden público.
El transcurso de los últimos meses estuvo marcado por eventos de extrema brutalidad que incluyen atentados con vehículos cargados de explosivos, masacres en recintos carcelarios y ataques directos contra las tropas estatales. En las zonas fronterizas, la minería ilegal y la presencia de grupos disidentes extranjeros han complicado aún más el escenario, provocando bajas en el ejército durante operativos de control. Los ataques indiscriminados en espacios públicos han dejado víctimas colaterales, evidenciando la falta de piedad de las bandas que operan en diferentes localidades rurales y urbanas.
Desde la cúpula policial se argumenta que, si bien las cifras son altas, se evitó un escenario todavía más catastrófico gracias a la implementación de tácticas preventivas y de inteligencia. Las autoridades resaltan como un logro la captura y extradición de figuras prominentes que lideraban las organizaciones delictivas más influyentes del país. Según esta versión, el enfoque en desmantelar las estructuras de mando ha sido fundamental para frenar lo que pudo haber sido una progresión aún más letal de la violencia en el territorio nacional.
Por el contrario, observadores externos sostienen que la detención de los cabecillas principales puede generar una mayor inestabilidad debido a la división interna de los grupos criminales. Advierten que la fragmentación de estas mafias suele derivar en nuevas luchas por el liderazgo, lo que podría mantener la tendencia ascendente de la violencia para el ciclo entrante. La conclusión de los expertos sugiere que sin un control total de las prisiones y una presencia estatal constante en las comunidades vulnerables, el país difícilmente logrará reducir los índices de inseguridad en el corto plazo.
