3 de febrero de 2026 – La Habana – EFE.
La isla de Cuba enfrenta una jornada de cortes eléctricos extremos que afectarán de manera simultánea a más del sesenta por ciento del territorio nacional durante las horas de mayor consumo. Esta situación refleja la gravedad de la crisis energética que se ha intensificado recientemente, paralizando las actividades económicas y aumentando la tensión entre la población. Las interrupciones en el servicio han alcanzado niveles críticos, acercándose a los registros históricos de falta de suministro reportados a principios de este año.
El sistema eléctrico estatal prevé una brecha profunda entre la energía que puede producir y la que requiere la población, con una capacidad de generación que apenas cubre una fracción de la demanda estimada. Aunque las temperaturas más bajas han reducido el uso de equipos de climatización, la infraestructura no logra responder debido a una combinación de fallos técnicos recurrentes y una severa escasez de hidrocarburos. Esta falta de recursos impide que las plantas operen con normalidad para satisfacer las necesidades básicas del país.
Actualmente, una gran parte de las unidades termoeléctricas principales se encuentran inactivas debido a roturas o labores de mantenimiento que se han postergado por falta de inversión. Estas plantas son fundamentales para la estabilidad del sistema, y su salida de servicio deja un vacío que la generación distribuida no puede llenar. La falta de transparencia en los informes recientes sobre el estado de los motores de combustible sugiere que el desabastecimiento de diésel y fueloil es uno de los factores más determinantes en el colapso actual.
Analistas externos sostienen que el deterioro de la red eléctrica es el resultado de décadas de falta de financiamiento y mantenimiento preventivo en un sector gestionado exclusivamente por el Estado. Se calcula que la recuperación total del sistema requeriría una inversión de miles de millones de dólares, una cifra que parece inalcanzable dadas las condiciones financieras actuales de la nación. La infraestructura obsoleta simplemente no puede sostenerse sin una renovación profunda de sus componentes principales.
Por otro lado, las autoridades gubernamentales atribuyen la crisis a las restricciones impuestas desde el exterior, denunciando que las sanciones dificultan la adquisición de piezas de repuesto y el acceso a suministros energéticos estables. Esta versión oficial enfatiza la presión externa como la causa primordial de lo que califican como un asedio energético. Mientras tanto, la economía interna continúa debilitándose, acumulando una contracción significativa en los últimos años debido a la falta de energía para la producción.
La persistencia de estos apagones no solo detiene el crecimiento económico, sino que también actúa como un factor desencadenante de descontento social, como se ha visto en manifestaciones previas. La vida cotidiana de los ciudadanos se ve alterada de forma drástica, sin una solución visible a corto plazo que garantice un suministro eléctrico constante. La incertidumbre sobre la llegada de nuevos cargamentos de combustible mantiene al país en una situación de vulnerabilidad extrema frente a cada nueva falla técnica.
