El Gobierno australiano ha impulsado una amnistía que permite a los propietarios de armamento entregarlo a las autoridades sin ser interrogados
8 de marzo de 2018 – Agencias.
Un rifle Martini Henry fabricado en 1873 que había sido utilizado por la policía de Queensland es una de las 57.324 armas de fuego ilegales recuperadas por el Gobierno australiano en solo tres meses. La recuperación del arma forma parte de la amnistía nacional que ha permitido a sus propietarios devolver pistolas, rifles y escopetas sin ser interrogados ni enjuiciados por su posesión ilegal. El objetivo del plan es prevenir su uso en actos terroristas.
Según el informe publicado hace una semana por las autoridades del país, la mayoría son rifles (35.182), le siguen las escopetas (12.279), los rifles de aire (4.816) y las pistolas (2.901). Las autoridades recuperaron 2.417 armas semiautomáticas y 80 automáticas. De 743 personas encuestadas que entregaron sus armas, el 81,4% eran hombres y un 7,8% mujeres (del resto no se indica).
El objetivo de esta amnistía, que duró del 1 de julio al 30 de septiembre de 2017, fue reducir la cantidad de armas de fuego no registradas en las regiones australianas. La medida fue fuertemente impulsada tras el secuestro ocurrido el 15 de diciembre de 2014 en una cafetería de Sídney en el que un hombre armado, de nombre Man Haron Monis, secuestró a 17 personas durante 16 horas, asesinó a dos de sus rehenes y luego murió. En octubre de 2016, los ministros de cada jurisdicción aprobaron la amnistía de armas de fuego, la primera realizada en todo el país. Para los partidarios del control de armas en Estados Unidos se trata de un ejemplo.
Pero los violentos episodios con armas de fuego en el país vienen de tiempo atrás. En 1996 Martin Bryant asesinó con un arma semiautomática a 35 personas. Tras esta masacre ocurrida en el Port Arthur, antiguo centro penitenciario y sitio turístico de la isla australiana de Tasmania, ubicado al sur del país, la ley prohíbe las armas de fuego en el país. Desde entonces, Australia no ha sufrido ninguna masacre de estas dimensiones.
Tras el ataque en Port Artur, más de 600.000 armas fueron destruidas. Sin embargo, la Comisión de Inteligencia Criminal de Australia sigue calculando que son más de 260.000 las armas de fuego presentes en el mercado ilegal. La posesión ilícita de armas de fuego conlleva una multa de 280.000 dólares australianos (177.000 euros) o 14 años de prisión.
La Policía es optimista. “Esta operación muestra lo que se puede lograr cuando el Gobierno y el público australiano trabajan juntos para que estemos seguros”, declaró el ministro de la Policía, Angus Taylor. “La próxima fase consistirá en una ley que reprima el tráfico de armas”, añadió el ministro.
