29 de agosto de 2025 – São Paulo – EFE.
El Instituto Brasileño de Medio Ambiente, conocido como Ibama, el principal ente de fiscalización ambiental en Brasil, ha incautado más de 7,000 cabezas de ganado. Estos animales fueron criados de manera ilegal en zonas de la Amazonía que están embargadas debido a la deforestación. La crianza de ganado en estas áreas está prohibida por la ley brasileña para permitir la recuperación de la vegetación nativa.
Las áreas donde se encontró el ganado están bajo una medida cautelar que prohíbe su uso para cualquier tipo de actividad comercial. Esta restricción es crucial para que el ecosistema se regenere después de haber sido devastado por actividades ilegales. La operación del Ibama, llamada “Carne Fría”, tenía como objetivo desmantelar la explotación ilegal de la tierra para la ganadería.
Durante la operación, las autoridades descubrieron más de 2,000 hectáreas de selva que estaban siendo usadas de manera ilícita. Allí encontraron a los 7,061 animales, cuyo valor se estima en 30 millones de reales, que equivalen a cerca de 5.5 millones de dólares. La incautación del ganado forma parte de un esfuerzo más amplio para combatir la deforestación ilegal en la región amazónica.
Las investigaciones revelaron que en algunos casos se estaba llevando a cabo un “blanqueo de ganado”. Esto consistía en trasladar animales criados en tierras ilegales a granjas que no tenían embargos. De esta manera, el ganado obtenía una apariencia de legalidad antes de ser vendido a grandes frigoríficos que se dedican a la exportación.
Como resultado de esta investigación, el Ibama sancionó a seis frigoríficos con multas, por haber comprado de forma directa más de 8,000 animales provenientes de estas zonas prohibidas. Además, otros doce frigoríficos están bajo investigación, sospechosos de haber adquirido ganado cuya procedencia fue disimulada mediante una triangulación con granjas legales. Entre las empresas investigadas se encuentra la multinacional JBS, un gigante del sector.
Todo el material y los hallazgos de esta operación han sido enviados al Ministerio Público Federal. Se espera que esta entidad inicie una investigación formal para determinar las responsabilidades de todos los involucrados en esta cadena de ilegalidad. Esta acción se enmarca en la política del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva de erradicar la deforestación ilegal para el año 2030, reforzando la fiscalización que se vio debilitada durante el mandato del expresidente Jair Bolsonaro.
