13 de mayo de 2024 – Tucson (AZ) – EFE.
Grupos civiles en Arizona luchan contra una nueva iniciativa legislativa que daría a los votantes la posibilidad de aprobar una ley que otorga a las autoridades locales el poder de arrestar a migrantes indocumentados y que afectaría a beneficiarios del programa de Acción Diferida (DACA), entre otras fuertes medidas.
Este miércoles se anticipa que la HCR-2060, que recuerda la polémica ley migratoria SB-1070 conocida como “muéstrame tus papeles”, será aprobada en el pleno del Senado estatal, que tiene mayoría republicana.
“Esta ley es otro ataque más republicano a nuestra comunidad latina, desafortunadamente estamos viendo que la historia se repite”, dijo a EFE Lydia Guzmán, directora de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC, en inglés) en Arizona.
La medida, impulsada por legisladores republicanos, criminalizaría a los migrantes indocumentados, otorgando poder a los agentes policiales locales de arrestar a aquellos que crucen la frontera con México.
También convierte en delito menor la presentación de documentos falsos para evadir el programa federal de E-verify, mediante el cual los empleadores comprueban el estatus migratorio de los solicitantes de empleo. Igualmente requiere que agencias que otorgan beneficios públicos utilicen este mismo programa federal.
Incluye además una enmienda que remueve protecciones migratorias a los beneficiarios de DACA en caso de que en el futuro el gobierno federal elimine este programa.
La senadora estatal demócrata Priya Sundareshan calificó la propuesta de “cruel”, sobre todo el ataque en contra de los jóvenes soñadores, muchos de ellos que llegaron a EE.UU. siendo unos niños.
Para Guzmán esta iniciativa muestra la furia del Partido Republicano tras el fallido intento de revivir en Arizona una ley de 1864 que prácticamente eliminaba el aborto.
La HCR-2060 está diseñada para ir directamente a la urnas el próximo noviembre y evitar el veto de la gobernadora Katie Hobbs, del Partido Demócrata, que ya ha prohibido propuestas similares.
Las cámaras de comercio en Arizona han elevado la voz en contra de esta propuesta al recordar a los legisladores el devastador efecto que tuvo a partir de 2010 la SB-1070.
Esa polémica ley convirtió al estado en el epicentro del debate migratorio provocando masivas protestas y un boicot económico que resultó en la cancelación de conciertos y convenciones.
“La SB-1070 tuvo un duro impacto a la economía estatal, algo que los legisladores republicanos parecen haber olvidado”, dijo Guzmán.
“Estamos enfrentando actualmente una campaña de información falsa sobre la situación en la frontera impulsada por muchos políticos, debido a las elecciones y tenemos que estar alertas ante la información que reciben los votantes”, agregó.
Sin embargo, Arizona cuenta con un largo historial de aprobar leyes anti inmigrantes.
En 2006 los electores aprobaron la ley estatal 300, que por años negó a los estudiantes indocumentados la posibilidad de pagar matrículas como residentes del estado en colegios y universidades públicas.
Dos años antes dieron vida a la propuesta 200, la cual estableció que una persona debe presentar prueba de ciudadanía para registrarse a votar.
“Este tipo de propuesta solo legaliza el perfil racial y la discriminación en contra de nuestra comunidad latina”, sostuvo Guzmán.
La activista lamentó que Arizona siga los pasos de Texas con leyes similares bajo el argumento de “incrementar la seguridad fronteriza”.
Grupos proinmigrantes se preparan para llevar la lucha ante las cortes, al igual que pasó con la SB-1070, la cual fue prácticamente eliminada por el Supremo de EE.UU.
Sin embargo hasta la fecha aún mantiene vigente una cláusula que permite a la policía preguntar por el estatus migratorio de un detenido.
Los oficiales solo pueden llamar a la Patrulla Fronteriza para que sean ellos quienes arresten o procesen al “sospechoso” y si la agencia federal no responde deben dejarlos ir.
Los republicanos, liderados por el presidente del Senado de Arizona, Warren Paterson, defienden la HCR-2060 al considerar que los votantes tienen el derecho de decidir sobre la seguridad fronteriza.
Dijo a la prensa que la falta de acción del gobierno federal ha puesto en peligro la comunidades.
