8 de febrero de 2022 – Miami – EFE.
El proyecto de ley llamado “Don’t say gay” (“No digas gay”), que prohibiría el hablar sobre identidad de género y orientación sexual en las escuelas primarias de Florida (EE.UU.), fue aprobado por un comité del Senado estatal en medio de las críticas, también desde la Casa Blanca, y prosigue su trámite legislativo.
La controvertida propuesta, que recibió el visto bueno del Comité de Educación del Senado por 6 votos a favor y 3 en contra, impediría que los maestros hablen sobre dichos temas al considerar que no son “apropiados para la edad o el desarrollo de los estudiantes”.
Esta iniciativa republicana, que controla el Senado y la Cámara de Representantes estatal, ha recibido críticas por parte de grupos de los derechos de la comunidad LGTBQ, críticas a las que este martes se sumó la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki.
“Todos los padres esperan que nuestros líderes garanticen la seguridad, la protección y la libertad (de sus hijos), y hoy los políticos conservadores en Florida rechazaron esos valores básicos al promover una legislación diseñada para apuntar y atacar a los niños que más necesitan ese apoyo, niños de comunidad LGBTQI+”, dijo Psaki a la prensa.
En este sentido se manifestaron activistas que prestaron su testimonio ante el comité de la Cámara Alta estatal, dominada por los republicanos, y que lamentaron que, de convertirse en ley, esta medida impediría que los maestros de primaria ayudasen a los jóvenes de esta comunidad.
El proyecto de ley cuenta con las simpatías del gobernador del estado, Ron DeSantis, que este lunes dijo que ve “totalmente inapropiado” que los maestros tengan ese tipo de conversaciones con los alumnos: “Las escuelas deben enseñar a los niños a leer y escribir”, afirmó.
El proyecto de ley requeriría que los educadores de primaria “no puedan alentar” discusiones sobre la orientación sexual y la identidad de género “de una manera que no sea apropiada para la edad o el desarrollo de los estudiantes”.
De ser aprobado el proyecto, los padres podrán presentar demandas judiciales contra el distrito escolar y recibir una indemnización por daños y perjuicios si creen que sus políticas infringen el “derecho fundamental a tomar decisiones sobre la crianza y el control de sus hijos”.
