23 de febrero de 2022 – Toronto (Canadá) – EFE.
El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, levantó este miércoles la Ley de Emergencia por la que se otorgó poderes especiales para lidiar contra las protestas de camioneros y grupos antivacunas que bloquearon algunos pasos fronterizos con EE.UU. y ocuparon el centro de Ottawa.
Trudeau hizo el anuncio en una comparecencia ante los medios de comunicación, tras el fin del bloqueo del puente Ambassador, que une Canadá y Estados Unidos, y el desalojo de los manifestantes en la capital canadiense, al considerar que ya no es necesario seguir aplicando esa norma.
“Hoy, tras una cuidadosa consideración, estamos listos para confirmar que la situación ya no es de emergencia. Por lo tanto, el Gobierno federal terminará el uso de la Ley de Emergencia”, declaró Trudeau.
El primer ministro invocó esa norma el pasado 14 de febrero para controlar las protestas que camioneros y grupos antivacunas protagonizaban desde hacía más de dos semanas en varios puntos del país y que estaban provocando caos.
Las protestas bloquearon durante dos semanas el puente Ambassador, que une Windsor (Canadá) con Detroit (EE.UU.) y por el que circulan cada día unos 400 millones de dólares en mercancías. Los manifestantes también ocuparon el centro de Ottawa, impidiendo el acceso al Parlamento.
La última vez que un Gobierno canadiense había invocado el uso de poderes de emergencia fue en 1970 cuando el entonces primer ministro, Pierre Trudeau, padre del actual gobernante, hizo uso de la Ley de Medidas de Guerra para combatir al Frente de Liberación de Quebec (FLQ), un grupo terrorista que secuestró al viceprimer ministro de Quebec y un diplomático británico.
En 1988 la Ley de Medidas de Guerra fue sustituida por la Ley de Emergencia.
La invocación de poderes especiales permitió al Gobierno de Trudeau bloquear las cuentas bancarias de los manifestantes implicados en actos ilegales y declarar ilegal ocupaciones como la del centro de Ottawa.
Trudeau explicó este miércoles que, tras las acciones adoptadas por el Gobierno desde el 14 de febrero, las leyes existentes “son suficientes para mantener a la población segura”.
En 60 días se iniciará una comisión de investigación para analizar la decisión del Gobierno de invocar la Ley de Emergencia y las acciones policiales para desalojar a los manifestantes.
