24 de noviembre de 2017 – Washington – Agencias.
El boicot de la industria farmacéutica ha convertido la pena de muerte en una operación cada vez más compleja y secreta en Estados Unidos. La ausencia de fármacos para matar ha forzado a los Estados a cancelar ejecuciones o a experimentar con nuevas sustancias, lo que ha propiciado muertes agónicas y esperpénticas. Ante este panorama, Carolina del Sur propone como solución redoblar la oscuridad alrededor del castigo capital. El gobernador del Estado sureño, el republicano Henry McMaster, ha pedido la aprobación de una ley que ocultaría la identidad de las compañías que suministran los fármacos empleados en la inyección letal de un prisionero.
El gobernador McMaster fue más directo: “La razón por la que no tenemos los fármacos pese a los esforzados intentos para conseguirlos es porque no quieren ser identificadas las compañías que los hacen, los distribuidores que los distribuyen y los farmacéuticos que pueden tener que combinarlos”. Y agregó: “Tienen miedo de que sus nombres se conocerán y no quieren tener nada que ver con ello por el miedo a represalias o por exponerse a ellos mismos, sus familias, negocios. Todas son razones perfectamente buenas”.
Los problemas de acceso han llevado a Carolina del Sur a aceptar que se posponga la ejecución de la próxima semana a Bobby Wayne Stone, un hombre de 52 años, que fue condenado a la pena capital por matar en 1996 a Charles Kubala, un alto cargo policial. Stone ha admitido haber disparado contra Kubala, pero alega que fue accidental. Hay otras 38 personas en el corredor de la muerte de Carolina del Sur.
El gobernador tiene prisa. Quiere que el Congreso estatal apruebe en la próxima sesión parlamentaria una ley que ocultaría la identidad de los fabricantes y distribuidores de fármacos mortales. Cree que así el estigma de la industria se rebajaría y el Estado ya podría matar legalmente a sus presos. En los dos últimos años, se han presentado dos propuestas de ley de ese tipo pero ninguna ha llegado a someterse a un voto del pleno.
Carolina del Sur ya permite, como otra decena de Estados, no difundir la identidad de los funcionarios que participan en una ejecución. También concede a los presos la posibilidad de morir por electrocución en vez de por inyección letal, que es el método principal. Y requiere que en las inyecciones letales se utilicen los tres fármacos habituales que matan al preso a diferencia de otros Estados que, ante las dificultades de acceso, emplean solo una sustancia o experimentan con nuevas combinaciones.
Los 32 Estados que permiten la pena de muerte se han visto obligados en los últimos años a recurrir a fármacos en mercados alternativos o en el extranjero para cometer las ejecuciones. La oposición de las farmacéuticas europeas al suministro de sustancias ha sido determinante. Las ejecuciones han caído en los últimos años en EE UU, alimentado la percepción de que si la pena capital acaba desapareciendo de la primera potencia mundial no será porque ese castigo atávico suponga una anomalía en el mundo desarrollado o porque los tribunales la prohíban sino porque acabe siendo una práctica casi imposible de llevar a cabo por un sinfín de problemas logísticos.
Al boicot europeo se unió el año pasado el de Pfizer, el mayor fabricante farmacéutico estadounidense, que anunció la prohibición del uso de sus medicamentos para la pena capital, lo que cerró aún más el mercado autorizado de acceso a fármacos mortales.
Las mayores restricciones, sin embargo, también han propiciado efectos indeseados. El año pasado, un preso estuvo agonizando 13 minutos durante su ejecución en Alabama al suministrársele un sedante que ya había ocasionado convulsiones en 2014 a un reo en Oklahoma. Esa sustancia era el midazolam, que hasta hace poco no se utilizaba en ejecuciones porque había alternativas mejores.
Pero incluso las reservas de midazolam escasean, lo que desata decisiones dramáticas. Ante la inminente caducidad de ese fármaco, Arkansas intentó el pasado abril llevar a cabo ocho muertes por inyección letal en un plazo de 11 días. La intervención de la Justicia para garantizar la muerte digna de los presos lo impidió parcialmente.
