El Gobierno y la oposición firman un pacto para que el pueblo elija en abril de 2020 si quiere enterrar la Carta Magna heredada de Pinochet
15 de noviembre de 2019 – Agencias.
Al final el presidente de Chile, Sebastián Piñera, sucumbió a las protestas de las calles y accedió a una reforma histórica a la que ni siquiera los anteriores gobiernos de izquierdas se atrevieron. La Constitución de Chile, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), y señalada por los manifestantes y varios sectores políticos de como el origen de la desigualdad de su sociedad y el actual malestar,tiene los días contados.
Chile alcanzó en la madrugada del viernes un inédito acuerdo político para cambiar la carta magna a través de una fórmula que será decidida por la ciudadanía en un plebiscito en abril. Este paso se da al cumplirse 29 días de un estallido social que se ha cobrado 25 vidas y ha dejado miles de heridos. Ésta será la primera vez en que se elabore una constitución en democracia. La vigente sólo ha sido reformada, la última vez en 2005.
En el plebiscito de entrada, además de elegir si quieren o no una nueva Constitución, los ciudadanos deberán pronunciarse sobre qué tipo de órgano debiera redactarla, una «convención mixta constitucional», compuesta al cincuenta por ciento por parlamentarios y por ciudadanos electos para la ocasión; o una «convención constitucional», en la que todos sus integrantes serían electos para este efecto.
El nuevo texto será redactado desde una «hoja en blanco», sin tener como base la actual Constitución, como defendía parte del oficialismo para los casos en los que no se alcance el quorum de dos tercios que se estableció para aprobar todas aquellas normas y reglamentos que se quieran introducir. La elección de los miembros del órgano constituyente se realizará en octubre de 2020 conjuntamente con las elecciones regionales y municipales bajo sufragio universal. Una vez redactada la nueva Carta Magna, esta será sometida a su ratificación en otro plebiscito mediante sufragio universal obligatorio.
«Queremos ponernos a la vanguardia de un verdadero contrato social con una Constitución cien por cien democrática», dijo el presidente del Senado, Jaime Quintana, al anunciar a los medios de comunicación el acuerdo, bautizado «Por la paz social y la nueva Constitución».
Un violento estallido social el 18 de octubre derivó en protestas generalizadas en demanda de mejores salarios, pensiones y rebajas en el precio de medicamentos y transporte. Con el paso de los días las exigencias se ampliaron al fin de las administradoras privadas de jubilaciones y una nueva constitución escrita por el pueblo.
Al comienzo de la crisis Piñera anunció un paquete de leves mejoras sociales sobre las pensiones básicas y el ingreso mínimo. Propuso rebajar los millonarios sueldos de los parlamentarios y subir impuestos a quienes ganan más de 11.000 dólares al mes. Después, propuso condonar los intereses de las deudas que contraen los universitarios e incrementar el ingreso mínimo al equivalente a 470 dólares. Pero nada de eso atenuó las protestas. Esta reforma podría ser la única salida para que el país regrese a la calma.
