Un “paro nacional” colapsa el país. Miles de manifestantes exigen al presidente dar marcha atrás en sus reformas y aplicar el acuerdo de paz firmado por su antecesor
21 de noviembre de 2019 – Agencias.
Algo corre por las venas de Suramérica, siempre abiertas. En esta ocasión le llega la hora a Colombia, un país con enormes diferencias y tremenda corrupción que, tras cerrar medio siglo de guerra, se hunde otra vez en el fango. Y la paciencia del pueblo se agota.
Los colombianos salieron este jueves a las calles para mostrar su rechazo al Gobierno de Iván Duque justo en el momento en que su popularidad está en rojo tras quince meses en el poder. El variopinto grupo de convocantes, que incluía sindicatos –que iniciaron el movimiento–, estudiantes, indígenas, ambientalistas y rivales políticos de Duque celebraron un «paro nacional» en las principales ciudades del país contra las políticas económicas, sociales y de seguridad del mandatario conservador.
A este «ejército de indignados» se les sumaron las clases medias, las grandes perjudicadas si se confirman las reformas del Gobierno. Miran a Chile, donde incluso se reformará la Constitución –y en donde hay más recursos para negociar–. También en Ecuador, Bolivia… Colombia se aproxima también al precipicio, y ahora está en mano de Iván Duque manejar la situación con el tacto posible para evitar otro terremoto político en la zona.
Al menos ayer el paro se planteó como una reivindicación pacífica y hasta casi festiva. Bogotá amaneció con una inusual reducción del tráfico y de peatones. Las autoridades hablaban de «tranquilidad», pese a una serie de bloqueos en el sistema de transporte público y algunas vías. En la capital, no obstante, se desplegaron unidades militares a petición de la Alcaldía para proteger «instalaciones estratégicas». Otras ciudades como Medellín y Cali siguieron la misma estela. Las marchas se originaban en las universidades y a medida que se acercaban al centro por calles vacías se sumaban más y más manifestantes.
No obstante, la jornada no quedó libre de incidentes, como en Suba, barrio del noroeste de Bogotá, donde desde temprano hubo roces entre el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía y los manifestantes que bloquearon la Avenida Suba, la principal de ese sector, que da acceso a las estaciones del sistema de transporte público Transmilenio.
En el barrio bogotano de Chapinero, los encapuchados lanzaron pintura contra estaciones de Transmilenio, escribieron consignas contra el Gobierno en autobuses y rasgaron plásticos con los que comerciantes intentaron proteger sus negocios. También hubo disturbios en la estación de Usme, en el sur de la capital, donde el Esmad intervino para abrir a la circulación una avenida cortada con árboles y basura.
Iván Duque reconoció la víspera en una alocución televisada la legitimidad de algunas reclamaciones, aunque reiteró que hay una campaña basada en «mentiras» contra su Administración que busca desatar la violencia. El movimiento obrero rechaza supuestas reformas previstas por el presidente para flexibilizar el mercado laboral –reduciendo el salarioi mínimo a los jóvenes– y cambiar el sistema de pensiones –que eliminaría el fondo estatal conocido como Colpensiones.
Por su parte, los indígenas exigen protección tras el asesinato de 134 comuneros desde que asumió el poder Duque, y los estudiantes, más recursos para la educación pública. El resto de sectores se muestran además descontentos con un presidente incapaz de sumar mayorías en el Congreso y con duros reveses de su partido, Centro Democrático, en los comicios locales de octubre.
Y todos en general cuestionan las políticas económicas del Gobierno, una política de seguridad enfocada en el combate del narcotráfico y su intento de modificar el acuerdo de paz que llevó al desarme de la ex guerrilla FARC en 2016. El proceso, lejos de lograrse, ha mutado en una lucha por el territorio de cárteles menores, paramilitares y desertores de las FARC y guerrillas como el ELN. Un crisol de violencia que sobre todo acecha a regiones más pobres como el Cauca o Chocó.