La sentencia contra Santos López Alonzo se dicta casi cuatro décadas después de la barbarie
23 de noviembre de 2018 – Guatemala – Agencias.
La justicia guatemalteca ha condenado este miércoles por la noche a 5.160 años de prisión y 50 de reclusión efectiva al militar Santos López Alonzo como culpable del asesinato de 199 civiles desarmados, en su mayoría ancianos, mujeres y niños, en el marco de la feroz represión desatada por el Ejército sobre las guerrillas de inspiración marxista. La matanza ocurrió 36 años atrás —el 6 de diciembre de 1982—, bajo la dictadura de Efraín Ríos Montt, cuando una Patrulla Especial de Kaibiles (PEK, tropas de élite) se acercó a la aldea y, tras rodearla y encerrar a la población en la iglesia local, procedieron a someterla a torturas en busca de información que permitiera localizar a los comandos de las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) que operaban en la región.
Según los testimonios de los sobrevivientes, la masacre comenzó al filo del mediodía. Los primeros en ser asesinados fueron los bebés, a quienes mataron frente a sus padres con golpes de almádana (un tipo de mazo de hierro) sobre la cabeza. Antes de morir, las niñas fueron sometidas a violaciones por los soldados. Después, cuando la matanza había concluido, los cuerpos fueron lanzados a un pozo, rociados con gasolina y quemados. La tortura se prolongó hasta el 8 de diciembre.
Los rebeldes nunca entendieron la brutal acción. Los guerrilleros sistemáticamente evitaban pasar por las inmediaciones de la aldea y el contacto con sus vecinos. “Considerábamos que estaban muy próximos al Ejército y temíamos que pudieran delatarnos”, subraya un antiguo comandante insurgente en conversación con este diario.
López Alonzo fue deportado de Estados Unidos —donde residía desde 2001— en agosto de 2016. A su retorno a Guatemala fue acusado de asesinato y delitos de lesa humanidad. No es el primer condenado por la masacre de Dos Erres, una de las más salvajes y paradigmáticas de la represión ocurrida durante la guerra civil librada en Guatemala entre 1960 y 1996. El primer grupo de sentenciados fue el formado por los kaibiles Manuel Pop Sun, Reyes Collin Gualip y Daniel Martínez Méndez y el subteniente Antonio Carías López, que en 2011 recibieron una condena 6.060 años de prisión. En 2012, Pedro Pimentel, también deportado de EE UU, recibió una pena similar.
Hoy, la aldea de Dos Erres ha desaparecido —solo una alambrada metal se erige hoy en el lugar, como triste recuerdo de la masacre— y los supervivientes, personas que lograron escapar al abrigo de la noche nada más percatarse de la presencia del Ejército, no quieren volver al lugar para no revivir el horror, aunque se asomaron al mismo durante el juicio donde, con lágrimas en los ojos y terror en sus rostros, pudieron ver fotos de sus parientes masacrados, y en diciembre de 2013, cuando 169 ataúdes fueron sepultados en el cementerio de un poblado próximo.
