21 de abril de 2022 – Denver (CO) – EFE.
El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) contrató a la empresa privada de datos LexisNexis para obtener información en tiempo real sobre detenciones de indocumentados, lo que derivó en la deportación de esos inmigrantes, denunciaron este jueves grupos comunitarios en Denver.
La Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Colorado (CIRC) y Mijente, una organización nacional de líderes latinos, indicaron en rueda de prensa que el contrato entre ICE y LexisNexis, recientemente descubierto, se implementó “a nivel nacional” en respuesta a leyes estatales que prohíben la cooperación de policías locales con las autoridades federales de inmigración.
“El ICE ha estado usando los datos de LexisNexis, una de las principales empresas de bases de datos con información personal en el mundo, para evitar las leyes en las jurisdicciones santuario”, dijo Siena Mann, coordinadora de la región sur de CIRC y portavoz de esa organización.
“Hoy hemos publicado documentos que explícitamente muestran que ICE indicó que necesita el contrato con LexisNexis para evitar las leyes que prohíben la cooperación de fuerzas del orden locales con ICE”, agregó.
Los documentos aparecen en el reporte “Saboteando el santuario: Cómo los vendedores de datos permiten que ICE acceda por la puerta trasera a los datos de las cárceles de Colorado”. El reporte, de 30 páginas, “por primera vez detalla cómo funciona el contrato” entre ICE y LexisNexis, indicó Mann.
Según el informe, el contrato, por poco más de 22 millones de dólares, entró en vigor en febrero de 2021 y permitiría al ICE acceder a información personal de “cientos de millones” de habitantes en Estados Unidos, incluyendo nombres, direcciones, historial de crédito, bancarrotas, placas de identificación de vehículos y números telefónicos, entre otros datos.
Más específicamente, el contrato le da a ICE acceso a la base de datos Accurint, que almacena información constantemente actualizada sobre crímenes y justicia criminal.
De esa manera, ICE “ya no necesita que el personal carcelario le informe de arrestos” porque “compra esos datos directamente” de LexisNexis, sostiene el reporte, subrayando que dos exfuncionarios de seguridad de Colorado (el exjefe de operaciones de las cárceles de Denver y el exalguacil del condado de Mesa) ahora son miembros de la junta directiva de LexisNexis.
Además, la cooperación entre ICE y LexisNexis explicaría la presencia de agentes federales de inmigración en o cerca de cortes estatales o municipales en el momento oportuno para arrestar a inmigrantes allí presentes para pagar una multa o tener un encuentro con su oficial de libertad condicional, afirma el reporte.
Por su parte, Jacinta González, directora de campañas nacionales de Mijente, enfatizó que el uso de datos de LexisNexis ya se ha detectado en otros estados (mencionó Illinois y Luisiana), y que esa colaboración es en efecto “una extensión del sistema de detención de inmigrantes”.
“Así como nos organizamos antes para que se aprueben las leyes conocidas como leyes santuario, nos organizaremos ahora en todo el país en contra de que ICE compre datos de una empresa privada y use esos datos para separar familias, deportar a queridos miembros de nuestra comunidad y causar todo tipo de problemas a la comunidad”, dijo González.
La nueva campaña tiene dos metas: que los gobiernos estatales investiguen los contratos entre ICE y LexisNexis y que esos mismos gobiernos cancelen todos los contratos que tengan con esa empresa. La meta definitiva es que ICE deje de comprar datos privados para arrestar o deportar a inmigrantes.
