Oxfam denuncia que la policía de fronteras ha rajado las suelas de los zapatos a los menores migrantes o ha robado las tarjetas SIM de sus teléfonos
15 de junio de 2018 – Agencias.
Niñas y niños de tan solo doce años sufren abusos, detenciones y devoluciones ilegales a Italia por parte de la policía francesa, según un nuevo informe de Oxfam.
El informe, titulado “Fuera, en ningún sitio”, denuncia cómo un burocrático y asfixiante sistema de acogida en Italia pone en peligro a personas refugiadas vulnerables y a otras personas migrantes. También denuncia que en Francia, la policía para de forma rutinaria a los menores no acompañados y los mete en trenes de vuelta a Italia después de modificar sus papeles para que parezcan mayores o para dar a entender que quieren ser devueltos.
El documento recoge testimonios de niños que han sufrido abusos físicos y verbales, que relatan noches en celdas sin comida, agua o mantas y sin acceso a un tutor oficial, una serie de prácticas que van contra las leyes francesas y de la Unión Europea.
Personal de Oxfam y de las organizaciones locales recogen casos como que la policía de fronteras ha rajado las suelas de los zapatos a los menores migrantes o ha robado las tarjetas SIM de sus teléfonos. Y recogen la escalofriante situación que vivió una menor eritrea que fue obligada a volver a cruzar la frontera por un camino sin asfaltar junto a su bebé de 40 días.
Al menos 16.500 migrantes –una cuarta parte de los cuales son menores- han pasado la frontera por el pueblo italiano de Ventimiglia (a 7 kilómetros de la frontera) en los nueve meses previos a abril de 2018, y es probable que la cifra crezca en los meses de verano. La mayoría huye de la persecución y la guerra en países como Sudán, Eritrea, Siria y Afganistán. Muchos de ellos están intentando llegar a países como Francia, Reino Unido, Suecia o Alemania, donde esperan reunirse con familiares o amigos.
Muchos menores no acompañados han denunciado sentirse abandonados en los centros de recepción, sin oportunidad para ir a la escuela o a formarse, y sin información sobre cómo pedir asilo o reunirse con miembros de su familia en otros países europeos. Después de meses o incluso años de espera, muchos deciden probar suerte y continuar su viaje solos, mientras que otros son expulsados de los centros en cuanto cumplen 18 años.
El único centro de recepción de migrantes cercano a Ventimiglia, Campo Roja, ofrece alojamiento básico hasta a 444 personas. Pero la falta de información clara, la fuerte presencia policial en el acceso y la obligación de dar las huellas dactilares disuade a muchos de quedarse. Como consecuencia, mucha gente duerme bajo una autopista a las afueras del pueblo, sin acceso a agua potable o servicios. Sus tiendas o refugios de cartón son destruidos a menudo por las autoridades locales y no existe seguridad.
Los equipos de Oxfam en la zona se encuentran habitualmente con familias, mujeres embarazadas y menores no acompañados viviendo en estas condiciones. Entre ellos hay supervivientes de violaciones y torturas en Libia, por donde han pasado en su camino a Italia.
“Los niños, niñas, mujeres y hombres que huyen de la persecución y la guerra no deberían sufrir abuso ni abandono por parte de las autoridades francesas e italianas”, asegura Elisa Bacciotti, directora de campañas de Oxfam Italia. “En demasiados casos, las carencias en servicios básicos y de información en el sistema de acogida italiano obligan a la gente a vivir situaciones precarias y peligrosas. Son personas que sólo desean pedir asilo en un país donde ya viven sus familiares y que se ven frustradas”.
“Europa debe reformar su sistema de asilo, y compartir la responsabilidad de acoger a aquellas personas que buscan refugio. Los gobiernos y el personal administrativo de las fronteras deberían proteger las necesidades específicas y los derechos de los niños y niñas en lugar de devolverlos ilegalmente a otros países. Los menores nunca deberían ser retenidos en celdas carcelarias o ser sometidos a abusos crueles.”
El informe llama a los miembros de la UE a asegurarse de que la responsabilidad con respecto a las personas refugiadas es compartida de manera más igualitaria bajo el sistema de Dublín -la regulación de la UE que determina qué país es responsable de procesar las solicitudes de asilo-.
También pide que la Unión Europea tenga en cuenta las necesidades legítimas de quienes piden asilo, y asegure procesos eficientes para reunir a las familias, evitando los obstáculos burocráticos. Así mismo, exige al gobierno francés que deje de devolver ilegalmente menores a Italia y que ponga fin a las prácticas ilegítimas de la policía francesa y de los guardas de la frontera.
