La líder de Fuerza Popular e hija del autócrata peruano Alberto Fujimori permanece en prisión preliminar
16 de octubre de 2018 – Lima – Agencias.
El fiscal José Domingo Pérez y el juez Richard Concepción Carhuancho dispusieron este lunes por la noche la detención de cuatro personas cercanas a la líder de la oposición, Keiko Fujimori, como parte de las investigaciones por lavado de activos vinculadas con la financiación de la campaña electoral fujimorista de 2011. Se trata de su secretaria y de tres asesores, entre ellos Ana Herz de Vega y Pier Figari –dos de sus más estrechos colaboradores–, que fueron arrestados cuando participaban en una manifestación en el centro de Lima respaldando a la dirigente de Fuerza Popular, presa desde el jueves 11 con una orden de detención preliminar de 10 días. Una fiscalía de activos investiga a la hija mayor del autócrata Alberto Fujimori por los aportes de procedencia ilícita de la constructora brasileña Odebrecht para su campaña presidencial a cambio de futuras concesiones.
La líder del fujimorismo conoció a Ana Vega –como la llaman en el partido– y a Figari en la década de los noventa, cuando reemplazó a su madre en el papel de primera dama tras la separación de sus padres. Vega fue después asesora del despacho de la ya congresista Fujimori entre 2006 y 2011. Figari, por su parte, fue asistente de otra parlamentaria fujimorista, hija de un militar exministro de Alberto Fujimori. De acuerdo con la resolución que dicta la orden de detención, los consejeros de la dirigente fueron también asesores de la organización criminal que “habría usado la estructura, nombre y organización de Fuerza 2011 [precursora de Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, mayoritario en el Legislativo peruano] para lavado de activos provenientes de la empresa Odebrecht en el contexto de las elecciones generales 2011”.
La orden de detención también alcanzó a la secretaria de Keiko Fujimori, Carmela Paucará, y a Vicente Silva Checa, asesor en la sombra de la líder y antiguo testaferro de Vladimiro Montesinos, quien en la década de los noventa fue el jefe de facto de las fuerzas armadas y asesor presidencial de Fujimori. En plenas Navidades del año pasado, días después de que el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski concediese un indulto humanitario al autócrata –condenado a 25 años de prisión– Kenji Fujimori –el hermano menor de la líder, enfrentado con ella– acusó a Vega y a Figari de haber “conspirado, sistemáticamente, por años” contra la libertad de su padre al haber convencido a su hermana de no buscar alguna alternativa a la prisión del fundador del clan que ha dominado la escena política peruana durante décadas. Según el diario La República, ambos asesores son los “forjadores del neofujimorismo sin Alberto Fujimori” y recomendaron a la líder de la oposición desvincularse de la vieja guardia del partido.
Silva, amigo de Yoshiyama, con quien trabajó en la década de los noventa, ya estuvo preso durante más de dos años por haber prestado su nombre para que el Servicio de Inteligencia Nacional, por encargo de Montesinos, comprara parte de las acciones de un canal de televisión por cable cuya línea editorial promovió la tercera reelección de Fujimori en el año 2000.
El fiscal Pérez y el juez Concepción sustentan las cuatro órdenes de detención y allanamiento de domicilios de los subordinados de Keiko Fujimori por participar en la “conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia de activos de procedencia ilícita” por alrededor de 1,2 millones de dólares.
El fujimorismo está tocado. Otros dos de los presuntos miembros de la organización criminal que se insertó en Fuerza Popular, los exministros Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya, recibieron una orden de arresto la semana pasada en la misma operación en la que fue apresada la propia Keiko Fujimori y otras 17 personas más. El primero aún no ha sido detenido, pues, aduce, se repone de una cirugía ocular en Estados Unidos.
