1 de julio de 2024 – Atlanta (GA) – EFE.
Este lunes, el embajador mexicano en Atlanta, Javier Díaz de León, junto con grupos que respaldan a los inmigrantes, criticaron la reciente normativa migratoria de Georgia, argumentando que podría propiciar abusos y causar inseguridad entre los hispanohablantes residentes.
Los residentes de Georgia aguardan con atención la implementación de la HB 1105, promovida por legisladores republicanos después del trágico homicidio de una estudiante universitaria, supuestamente a manos de un venezolano sin documentos legales.
El cónsul Díaz enfatizó el día de hoy que México rechaza estas políticas antiinmigrantes que podrían resultar en hostigamiento, arrestos, deportaciones y el tratamiento penal injusto de individuos inmigrantes.
“Díaz de León también señaló que esto podría generar una atmósfera de duda, ansiedad y fragilidad entre los mexicanos residentes en Estados Unidos”, expresó en un comunicado difundido en plataformas digitales.
El funcionario aseguró que se emplearán todos los medios diplomáticos y jurídicos disponibles para salvaguardar los derechos de los ciudadanos mexicanos en el territorio.
A pesar de que la normativa fue implementada el 1 de mayo, fecha de su promulgación por el gobernador Brian Kemp según reportó la Oficina del mandatario estatal a EFE este lunes, varios medios informaron que entró oficialmente en vigor el 1 de julio, coincidiendo con la práctica habitual para la mayoría de las nuevas leyes.
La noticia causó inquietud en la comunidad hispana, ya que activistas expresan temor de que esta legislación reciente resulte en un incremento de la segregación racial y de los incidentes contra individuos de piel oscura.
La HB 1105 requiere que las fuerzas policiales y los alguaciles verifiquen el estado migratorio de los detenidos y comuniquen al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) si carecen de documentos legales, además de pedir su colaboración en el controvertido acuerdo federal 287(g), que establece una cooperación directa con dicha agencia federal.
En caso de no cumplir con las disposiciones, las agencias locales podrían enfrentar la pérdida de financiamiento estatal y sus oficiales podrían ser procesados legalmente.
La legislación ganó prominencia y se convirtió en la principal prioridad del gobernador y los legisladores republicanos después del trágico fallecimiento de Laken Riley, una estudiante de enfermería de 22 años.
José Ibarra, un migrante sin documentos de nacionalidad venezolana, está siendo acusado por la muerte de Riley, quien perdió la vida a principios de este año mientras corría por el campus de la Universidad de Georgia (UGA) en Athens.
Organizaciones como GLAHR (Alianza Latina para los Derechos Humanos de Georgia) están llevando a cabo una campaña en todo el estado para educar a la comunidad sobre la nueva legislación y para asegurar que los inmigrantes estén al tanto de sus derechos en caso de que se cometan abusos durante su aplicación.
“La comunidad está ansiosa por entender completamente cómo afecta esta ley, por eso hemos estado viajando y organizando reuniones comunitarias para explicar cómo impacta en la vida de cada uno de nosotros como inmigrantes. Hay mucho interés debido al año electoral y no es nuevo que esta sea una plataforma política”, explicó Adelina Nicholls, directora ejecutiva de GLAHR, en una entrevista con EFE.
Según Nicholls, hasta ahora, desde que la ley entró en vigencia hace dos meses, “las cosas han estado relativamente tranquilas, aunque hay algunos incidentes reportados en áreas como Greensboro y Eatonton, donde la policía está interrogando sobre el país de origen de las personas detenidas, aunque no todas son indocumentadas”.
