20 de agosto de 2024 – Los Ángeles (EE.UU.) – EFE.
Las autoridades migratorias de EE.UU. no han podido rastrear a más de 32.000 menores migrantes que ingresaron solos al país entre 2019 y 2023 y fueron entregados a familiares o patrocinadores.
Este problema es de “urgente atención”, según un informe de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). La investigación, enviada al Congreso el martes, reveló que, desde 2019 a 2023, más de 32.000 niños migrantes no acompañados no se presentaron a sus audiencias en los tribunales de inmigración, y las autoridades no pudieron ubicar su paradero.
Durante el período analizado, que incluye las administraciones de Donald Trump (2017-2021) y Joe Biden, los funcionarios migratorios han tomado custodia de 448.000 niños que ingresaron al país.
La preocupación es que los menores que no asisten a sus audiencias están en mayor riesgo de trata, explotación o trabajo forzado. La comparecencia ante el tribunal es a menudo la única oportunidad que tiene el ICE para observar y evaluar si los niños migrantes están en riesgo.
El ICE no envió notificaciones de comparecencia a la corte de inmigración a más de 291.000 menores que no fueron incluidos en procedimientos de deportación, limitando así las posibilidades de contacto con ellos una vez liberados del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), reduciendo las oportunidades para verificar su seguridad.
“Sin un seguimiento adecuado, el ICE no puede garantizar que estos niños estén a salvo de trata, explotación o trabajo forzado”, concluye el informe.
Los investigadores recomendaron que el ICE implemente un sistema automatizado para registrar las comparecencias y mantener la información de dirección de los menores migrantes. El ICE respondió que está tomando medidas para identificar a los menores que no se presentaron a sus audiencias y notificar al HHS.
El expresidente Trump utilizó el informe para acusar al gobierno de Biden de perder el rastro de “más de 300.000 niños” inmigrantes, aunque el informe incluye datos de al menos dos años de su administración. El informe oficial no abarca los datos y el seguimiento realizados por el DHS, que entrega a los niños a familiares o patrocinadores y realiza verificaciones de antecedentes.
