Los penalizados, entre los que se encuentra la cabeza de la policía, pierden el acceso al sistema financiero estadounidense
5 de julio de 2018 – Washington
Estados Unidos envía un nuevo mensaje de reproche a Nicaragua. El Departamento del Tesoro ha anunciado este jueves una sanción económica a tres ejecutivos por su participación en “graves abusos” contra los derechos humanos y corrupción. Los penalizados son pesos pesados del organigrama de poder nicaragüense: Francisco Díaz, la cabeza de la Policía Nacional; Fidel Moreno Briones, secretario general de la Alcaldía de Managua; y Francisco López Centeno, vicepresidente de Albanisa -la empresa creada para hacer negocios petroleros con Venezuela-.
La penalización consiste en bloquear el acceso al sistema financiero de EE UU y congelar los activos que pudieran tener los altos cargos en este país. Además, a los estadounidenses se les prohíbe, en general, realizar transacciones con personas sancionadas. Este golpe sobre la mesa de la Administración de Donald Trump responde a un llamamiento que le hizo un grupo de senadores bipartidista hace dos semanas. A través de una resolución le pedían al mandatario condenar la violencia perpetrada contra el pueblo nicaragüense. Las sanciones amparan en la Ley Magnitsky, que permite al Ejecutivo estadounidense sancionar a todos los funcionarios o ciudadanos extranjeros que estén involucrados en casos de corrupción o hayan sido acusados de violar los derechos humanos.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro describió en una rueda de prensa telefónica a Díaz como “el líder de hecho” de la Policía Nacional de Nicaragua y quien “se implicó en serios abusos a los derechos humanos contra el pueblo de Nicaragua, incluyendo asesinatos extrajudiciales”. Moreno Brioneses es apuntado como el “enlace” entre los gobiernos municipales y el oficialista Frente Sandinista para la Liberación Nacional (FSLN), aunque también ha actuado como “líder” de la Juventud Sandinista y ha estado “personalmente implicado” en violaciones a los derechos humanos.
López Centeno, por su parte, ha sido acusado de utilizar su posición como vicepresidente de Albanisa en beneficio propio y el de su familia, al usar compañías de su propiedad para ganar contratos con el gobierno lo que le permitió embolsarse “grandes cantidades de dinero”. López, que también es tesorero del FSLN, supuestamente facilitó que altos cargos nicaragüenses usaran los fondos del propio partido y Albanisa para comprar estaciones de radio y televisión, hoteles, ranchos ganaderos, plantas de generación eléctrica y laboratorios farmacéuticos.
“La violencia perpetrada por el gobierno del presidente nicaragüense Daniel Ortega contra el pueblo nicaragüense y los esfuerzos de quienes están cerca del régimen de Ortega para enriquecerse ilícitamente es profundamente inquietante y completamente inaceptable”, sostuvo Sigal Mandelker, Subsecretario del Tesoro para el Terrorismo e Inteligencia financiera. Esta no es la primera vez que EE UU acude a la Ley Global Magnitsky para bloquear la propiedad de un nicaragüense relacionado con abusos o corrupción de los derechos humanos. En diciembre de 2017, Roberto Rivas, presidente del Tribunal Electoral y artífice de los fraudes electorales que han perpetuado en el poder a Ortega, también fue sancionado.
Desde que comenzaron las protestas antigubernamentales a mediados de abril, más de 220 personas han muerto en los enfrentamientos con la policía y las huestes del Frente Sandinista. La escalada de violencia no ha logrado frenar a pesar de la condena de la comunidad internacional.
