24 de agosto de 2017 – México – Agencias.
El asesinato de periodistas en México ha pasado de ser una consecuencia más de la violencia que se vive en todo el país a una macabra cadena que añade nuevos muertos cada mes. Cándido Ríos, un veterano de la información policial, ha sido el último periodista acribillado, el martes en Hueyapan de Ocampo, al sur de Veracruz. Su muerte es la novena de un reportero en México este año. La décima, si se cuenta al michoacano Salvador Adame, cuya desaparición fue denunciada por su esposa. El asesinato de Ríos cuestiona la eficacia de los mecanismos de protección de periodistas del Gobierno, al que estaba adscrito. De los últimos fallecidos, tres de ellos contaban con medidas de protección. En otros dos casos fallecieron sus escoltas cuando intentaban evitar su muerte. El Ejecutivo niega que la muerte de Ríos tenga relación con su profesión.
El asesinato de Cándido Ríos es el decimoséptimo que se produce desde 2011 en Veracruz, de ocho millones de habitantes y con un largo historial en agresiones a comunicadores. Estaba acompañado de otras dos personas –uno de ellos, un expolicía- cerca de una tienda de comestibles cuando fue acribillado por desconocidos. Ríos, que cubría la fuente policial desde hacía diez años, trabajaba para el Diario de Acayucan y formaba parte de un programa gubernamental de protección a periodistas y defensores de derechos humanos.
“Todos los indicios apuntan a que el ataque no está vinculado con el periodista; todos los indicios apuntan a que se trató de un ataque contra otra persona y sus escoltas”, ha asegurado este miércoles el subsecretario de Gobernación, Roberto Campa. Sin embargo, para la hija del periodista, Cristina Ríos Nieves, su padre fue asesinado por ejercer el oficio de informar. “A través de esa actividad periodística él desenmascaraba, acusaba a personas poderosas, a caciques del pueblo”, comentó durante el funeral en su casa, según la agencia AFP.
La vivienda de Ríos tenía cámaras de seguridad, rejas con alambres de púas y la policía local hacía recorridos de vigilancia. Estas medidas eran parte del Mecanismo de Protección de Periodistas del Gobierno Federal al que se había acogido desde 2012. A pesar de todo ello el funcionario rechazó que la muerte de Ríos muestra del fracaso de los mecanismos de protección aunque pidió una “revisión de los mismos”.
Tras el asesinato del conocido periodista Javier Valdez en el mes de mayo, el Gobierno de Enrique Peña Nieto anunció más recursos, más medios y más medidas de protección. Sin embargo, estas no se están aplicando o quien las recibe, como en el caso de Cándido Ríos, no funcionan. Según diversos medios locales, la medida de protección con la que contaba el periodista de Veracruz era un teléfono satélite con un botón de alerta conectado con la policía. La Comisión Estatal de Protección a Periodistas confirmó que el reportero había denunciado amenazas en su contra del exalcalde desde 2012, quien le dijo en más de una ocasión: “Pinche reportero, te voy a matar”.
El mecanismo de protección para defensores de derechos humanos y periodistas, creado a mediados de 2012 con el fin de proteger a quienes por el desempeño de su labor estuviesen en riesgo, no ha logrado frenar las agresiones y sigue presentando fallas en su implementación, según las acusaciones periodistas y activistas acogidos a los distintos métodos de seguridad, informa Zorayda Gallegos. Las fallas técnicas en algunos de los equipos, como teléfonos y botones de pánico y la burocracia para acceder a alguna de las medidas proporcionadas por el Gobierno mexicano son las quejas principales que continúan prevaleciendo a cinco años de su implementación. Actualmente hay alrededor de 500 personas acogidas a algunas de las medidas que consisten en escoltas, teléfonos, botones de pánico, atención psicológica, curso de autoprotección, rondines, resguardo de inmuebles, reubicación temporal y apoyo para alimentación, entre otras.
Ríos había elegido que lo protegiera el Gobierno central y no el de Veracruz, gobernado hasta diciembre por el hoy encarcelado Javier Duarte. “El propio Ríos eligió que lo protegiera el Gobierno Federal y nosotros (Veracruz) le damos asesoría legal, cursos, formación, pero la protección física dependía de la Secretaría de Gobernación”, explica Anal Laura Pérez responsable del programa de protección a Periodistas de Veracruz. Actualmente, unos 70 periodistas de Veracruz se han acogido a este programa de protección. 18 de ellos cuentan con medidas físicas (cámaras, micrófonos, botones de pánico, escoltas) y otros 50 pertenecen al segundo grupo.
El periodista cubría la fuente policial y en sus informaciones era muy crítico con el anterior alcalde de su pueblo, Gaspar Gómez, y lo culpaba de cualquier cosa que pudiera pasarle. “En casa estaba protegido pero fuera “él estaba totalmente desprotegido. Siempre (sufría amenazas) y creo que en el fondo él sabía que esto iba a pasar. Indirectamente nos preparó para esto”, agregó su hija a la agencia AFP. El periodista asesinado investigó y documentó cómo, cuando era alcalde, Gómez daba contratos para obras públicas a sus propias empresas areneras y cementeras
Fuentes cercanas a la investigación confirmaron que es esa es la principal línea de investigación. La otra tiene que ver con su acompañante ejecutado, un expolicía con el que se había encontrado minutos antes de la ejecución. Lo que para un periodista que cubre la fuente policial es algo normal, reunirse con policías retirados o en activo, para la fiscalía se ha convertido en otra línea de investigación.
Hace menos de una semana, Artículo 19, organización que denuncia agresiones y amenazas a periodistas, informaba de que el primer semestre de 2017 había sido especialmente nefasto en México. Además de los asesinatos, la organización había documentado 276 agresiones y amenazas a reporteros, una y media al día, 52 más que en los primeros seis meses de 2016. Juan Vázquez, uno de los investigadores, explicaba que la impunidad era, como siempre, uno de los principales problemas. “No hay un solo detenido por ninguno de los periodistas asesinados este año. A pesar del compromiso público, no se ve una actitud distinta ni un cambio en la manera de actuar”.
La violencia afecta al gremio en todo el país, aunque especialmente a los reporteros que trabajan en provincia. De los nueve asesinados este año, ninguno vivía en la capital. En la Ciudad de México, las amenazas son habituales. La semana pasada, un usuario de Twitter colgó un vídeo en el que disparaba una fotografía del reportero Héctor De Mauleón. Cronista de la historia y los bajos fondos de la ciudad, De Mauleón denuncia continuamente a los capos del narcotráfico locales y su cercanía al poder.
