Las medidas cautelares solicitadas incluyen también el bloqueo de las cuentas bancarias del jefe de la Asamblea Nacional y proclamado presidente interino del país
29 de enero de 2019 – Caracas – Agencias.
Después de días de indecisión por parte del Gobierno de Nicolás Maduro ante la ofensiva de la oposición —el líder chavista solo había dicho que iba a poner todo en manos de la justicia—, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, compareció este martes para tratar de frenar el plan de Juan Guaidó, quien se proclamó presidente interino del país la semana pasada. El fiscal, aliado del chavismo, ha pedido al Tribunal Supremo de Justicia, uno de los brazos del régimen, que prohíba salir del país al jefe de la Asamblea Nacional, así como hacer transacciones de bienes y que se le bloqueen sus cuentas bancarias como parte de una investigación preliminar contra el líder de la oposición.
“La única respuesta es represión y persecución”, ha contestado Guaidó tras conocerse la nueva arremetida del Gobierno. “Vemos con mucho dolor cómo casi 40 venezolanos han sido asesinados en menos de una semana, niños secuestrados por una dictadura que no entiende que su tiempo ha terminado”, ha agregado.
Saab ha explicado en rueda de prensa que desde el 23 de enero, cuando Guaidó se declaró mandatario interino, “se han suscitado hechos violentos, pronunciamientos de Gobiernos extranjeros y el congelamiento de activos de la República, lo que implicaría la comisión de delitos graves que atentan contra el orden constitucional”.
Por todo ello, ha decidido abrir una investigación preliminar contra el líder opositor y, para asegurarla, ha solicitado al Tribunal Supremo que apruebe las medidas cautelares. Dichas disposiciones no incluyen la detención del jefe de la Asamblea Nacional, algo con lo que el propio Guaidó ha especulado en los últimos días. El también opositor Leopoldo López, compañero del proclamado presidente interino en el partido Voluntad Popular, fue arrestado y condenado a casi 14 años de prisión por incitar a la violencia durante las revueltas contra el Gobierno que encabezó en 2014.
Guaidó se proclamó “presidente encargado” en respuesta a la decisión de Maduro de iniciar el 10 de enero un segundo mandato que ni la oposición venezolana ni gran parte de la comunidad internacional reconocen, porque consideran que se basa en unas elecciones presidenciales, las del 20 de mayo, no democráticas.
El jefe del Parlamento ha fijado como hoja de ruta cesar la “usurpación del poder” y crear un Gobierno de transición que conduzca a la celebración de unas elecciones “libres”. Estados Unidos, Canadá y la mayoría de los países de la región le han reconocido como “presidente encargado” y le han ofrecido su apoyo en esta “transición democrática”. El Gobierno español de Pedro Sánchez dio el pasado sábado un plazo de ocho días a Maduro para que convoque elecciones. En caso contrario, aseguró, se reconocerá a Guaidó como presidente venezolano.
