25 de mayo de 2022 – Washington – EFE.
El gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, firmó este miércoles una nueva ley que prohíbe el aborto en el estado desde el momento de la fertilización, considerada la legislación más restrictiva de Estados Unidos.
La ley, que permite emprender procesos penales contra cualquier persona que ayude a una mujer a abortar, entró en vigor tras la firma del mandatario estatal.
“La vida comienza desde la concepción y tenemos la responsabilidad como seres humanos de hacer todo lo posible para proteger la vida de ese bebé y la de la madre”, dijo en un comunicado el gobernador.
La ONG Unión de Libertades Civiles (ACLU) respondió en un comunicado que “nadie debería ser forzada a continuar con un embarazo en contra de su voluntad” y advirtió de que prohibir el aborto pone en peligro a las mujeres, que tienen que interrumpir su embarazo fuera del sistema de salud.
La ley, aprobada por ambas cámaras del estado, prohíbe cualquier aborto a partir de la fertilización, excepto cuando la vida de la madre se encuentra en peligro, o cuando el embarazo es resultado de una violación o de incesto.
Además, siguiendo la línea de la polémica ley contra el aborto aprobada el año pasado en Texas, la nueva norma permite a los ciudadanos denunciar a cualquier compañía o persona que asista a una mujer en la interrupción de su embarazo.
El gobernador Stitt, quien busca su reelección en los comicios de medio mandato del próximo noviembre, ha prometido firmar cualquier ley aprobada por el parlamento de Oklahoma en contra del aborto.
Oklahoma ya tiene en vigor una ley que, como la de Texas, prohíbe los abortos a partir de las primeras seis semanas de embarazo.
Además, otra norma firmada por el gobernador en abril y que debería entrar en vigor este verano, prohíbe cualquier interrupción del embarazo salvo para salvar la vida de la madre.
La prohibición del aborto en Oklahoma se aprobó ante la expectativa de que el Tribunal Supremo, de mayoría conservadora, tumbe en junio la sentencia “Roe versus Wade”, que desde 1973 protege el derecho constitucional al aborto en todo el país.
Organizaciones de la sociedad civil calculan que al menos 26 de los 50 estados del país, gobernados por conservadores, prohibirán el aborto una vez el Supremo emita su fallo.
