La Secretaría de la Función Pública prohíbe a otro alto cargo de la petrolera ocupar cargos públicos por 15 años e impone una multa de más de 30 millones de dólares
23 de mayo de 2019 – México – Agencias.
Emilio Lozoya, director de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante la Administración de Enrique Peña Nieto, no podrá ocupar cargos públicos durante 10 años, han confirmado este miércoles fuentes del Gobierno de México. Lozoya ha sido uno de los principales señalados por la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. La Secretaría de la Función Pública (SFP), un ministerio que se encarga de la fiscalización gubernamental y que depende del Ejecutivo, ha sancionado al exfuncionario por presentar información falsa en su declaración patrimonial. Otro alto mando de Pemex, cuya identidad no ha sido revelada, ha sido inhabilitado por 15 años y se le ha impuesto una multa de casi 620 millones de pesos (alrededor de 30 millones de dólares), ha informado el ministerio en un comunicado.
El Gobierno ha explicado que las sanciones son producto de “un cuidadoso procedimiento administrativo”, pero no han detallado si la inhabilitación de Lozoya está relacionada con el caso Odebrecht, que en México no ha tenido consecuencias penales de gran calado a diferencia de otros países latinoamericanos. Las irregularidades que la SFP pudo comprobar fue la omisión, en dos ocasiones, de una cuenta bancaria del exdirector de Pemex con “cientos de miles de pesos”. Javier Coello, el abogado de Lozoya, ha confirmado al periódico El Financiero que el exfuncionario ha sido notificado de la decisión de la SFP. “El asunto fue que no declaró que su mamá abrió una cuenta de inversiones”, aseguró Coello. Lozoya no se ha pronunciado sobre la sanción y sus apariciones públicas han sido cada vez más esporádicas desde que abandonó la dirección de la petrolera en febrero de 2016.
El otro funcionario fue sancionado por la compra ilegal de una planta del grupo Fertinal, una empresa de fertilizantes que tiene su base principal de operaciones en el puerto de Lázaro de Cárdenas, en el Pacífico mexicano. La SFP acusa a ese directivo de Pemex de hacer mal uso de recursos públicos, al comprar el complejo industrial con un sobreprecio de 620 millones de pesos. La multa pretende resarcir el daño patrimonial por esa operación fraudulenta, ha precisado el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
El comunicado oficial da cuenta también de haber iniciado 6.200 procedimientos administrativos contra funcionarios y de haber impuesto otras 400 inhabilitaciones desde el pasado 1 de diciembre, cuando López Obrador asumió la presidencia. Las 112 sanciones que ha impuesto en ese periodo suman más de 656 millones de pesos (unos 32 millones de dólares). Ninguno de los casos anteriores había tenido una repercusión similar a la de este caso.
La SFP ha sido cuestionada antes por el escaso margen de maniobra que tiene para fiscalizar a los entes de Gobierno al no contar con autonomía plena y estar dirigida por un titular nombrado por el Ejecutivo. López Obrador había sido criticado por la oposición por lo que denunciaban como una “actitud pasiva” y un “pacto de impunidad” para perseguir casos de corrupción en administraciones anteriores.
La Administración de López Obrador sostiene el discurso de erradicar la corrupción y recuperar los recursos públicos para financiar su agenda de Gobierno. “Estas sanciones son solo el inicio de un conjunto de investigaciones en curso para dar cumplimiento a la exigencia social de erradicar el abuso de los recursos públicos, tal y como ha instruido el presidente”, ha manifestado la SFP.
