3 de noviembre de 2017 – Caracas – Agencias.
Las sanciones financieras contra Venezuela por parte de Estados Unidos y su precaria situación económica han situado al país al borde de la suspensión de pagos. El presidente, Nicolás Maduro, ha encargado al vicepresidente, Tarek el Aissami, la renegociación de toda la deuda externa del país y, sin dilación, el Ejecutivo convocó ayer a los acreedores internacionales para el próximo día 13. Sin posibilidad de acudir a los mercados de capitales y con la prohibición de Washington a sus ciudadanos de negociar sus deudas con Caracas, la quiebra de Venezuela, según los expertos, es cuestión de tiempo.
El régimen de Maduro anunció que haría frente al pago de 1.121 millones de dólares (965 millones de euros) de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) que vencía ayer, pero que después de cumplir con este compromiso refinanciará toda su deuda externa. Eso incluye tanto la deuda del Estado (unos 35.000 millones de dólares), como los bonos de Pdvsa (30.000 millones) y las deudas contraídas con China y Rusia (entre 40.000 y 50.000 millones), según los cálculos de Edward Glossop, economista para Latinoamérica de Capital Economics.
Se estima que la deuda externa total del país es de unos 150.000 millones de dólares. La decisión anunciada por Maduro revela las serias dificultades financieras en que está sumido el país como consecuencia de las sanciones impuestas por Estados Unidos. De hecho, Maduro arremetió en su alocución televisada“contra el bloqueo y la persecución extranjera que sufre Venezuela”. El mandatario admitió que Venezuela necesita “reformatear los pagos de este año” para cubrir las necesidades del país, que se ha quedado con poco dinero en efectivo para cancelar importaciones, “en el afán de pagar puntualmente a todos sus acreedores”, aseguró.
El próximo martes 7 hay un pequeño vencimiento y dos días después cumple el periodo de gracia (un mes tras el impago) en el que ya han entrado dos cupones de deuda por importe de 778 millones de dólares. Pdvsa debe pagar otros 135 millones el día 15. “Aunque Venezuela no está técnicamente en default, implica que no seguirá cumpliendo con el pago de su deuda en el futuro”, apunta Glossop. “Pero la suspensión de pagos formal parece solo una cuestión de tiempo”, remata.Buena parte de la deuda con China y Rusia se ha venido pagando en petróleo y con la entrega de refinerías, lo que a su vez reduce la capacidad de Venezuela de generar ingresos. Los expertos cifran las reservas del país en 10.000 millones de dólares.
Con las sanciones impuestas por la Administración de Donald Trump a mediados de agosto, Venezuela parece asfixiada. Maduro, de hecho, se declaró como una víctima de la discriminación de la banca internacional durante su comparecencia. Esas medidas —tomadas luego de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, no reconocida en casi toda América y Europa— le impidieron emitir nueva deuda en los mercados de capital por entre 3.500 y 5.000 millones de dólares, según reveló el propio Maduro.
Desde agosto Washington prohíbe a sus ciudadanos, bancos y empresas —que representan el grueso de los acreedores internacionales de Venezuela— nuevas compras de deuda tanto del Estado como de Pdvsa, así como el cobro de dividendos y la renegociación de la deuda. Aunque el régimen no ha dado detalles de cómo piensa llevar a cabo esta operación, la prohibición estadounidense complica, y mucho, las negociaciones para una futura reestructuración de la deuda, que implicaría cambiar la deuda actual por deuda nueva a mayor plazo y, quizás, podría incluir una quita.
Por si no fuera suficiente, el propio encargado de liderar las conversaciones con los acreedores, El Aissami, es objeto de sanciones por parte de EE UU, que le acusa de tráfico de drogas, lo que impide a ningún estadounidense sentarse a negociar con él. Maduro ha responsabilizado al presidente del Parlamento, el opositor Julio Borges, de gestionar la imposición de estas medidas, y pidió al Ministerio Público que lo juzgue por traición a la patria.
Durante su gestión Borges ha golpeado muy fuerte el corazón del régimen al advertir a la banca de inversión que las deudas contraídas por la nación sin la autorización del Parlamento, que hoy controla la oposición, no serán reconocidas cuando el régimen caiga. Es el golpe de gracia a una economía totalmente colapsada. Ante la asfixia de la actividad privada frente al modelo de desarrollo chavista, el régimen decidió suplir la producción nacional importando todo tipo de bienes.
Pero el declive de los precios del petróleo y de la producción de crudo —de 3,2 millones de barriles diarios en 1999 a 1,9 millones en octubre de 2017— ha creado una situación de escasez y desabastecimiento sin precedentes en toda la historia republicana. La decisión de Maduro parece anunciar, asimismo, un cambio en las prioridades de su gestión. El año que viene habrá elecciones a la presidencia de la República y las campañas oficialistas siempre están apuntaladas por un generoso gasto público. En las actuales condiciones es imposible que el chavismo pueda repetir una campaña presidencial de las dimensiones del pasado.
