El Gobierno costarricense intenta hacer frente a la oleada migratoria mientras afronta una crisis fiscal que amenaza la estabilidad económica del país
15 de noviembre de 2018 – San José (Costa Rica) – Agencias.
A Juan Gabriel Mairena lo daban por muerto. El hombre apoyó las barricadas que se levantaron en San Pedro de Lóvago –un municipio del sur de Nicaragua clave por su posición estratégica en el flujo de mercancías por carretera– donde lograron detener a centenares de camiones de carga en el momento más álgido de las protestas contra el presidente Daniel Ortega. Para el líder sandinista desmantelar ese “tranque” –como llamaban los nicaragüenses a las barricadas– era prioridad dada la afectación económica que significaba para el resto de Centroamérica, por lo que a mediados de julio desató la denominada “Operación Limpieza”. Decenas de camionetas cargadas con hombres encapuchados y armamento de alto calibre atacaron el “tranque”. Testigos afirman que hubo “hasta cincuenta muertos”, pero la cantidad real se desconoce porque el régimen no permitió a las organizaciones de derechos humanos visitar la zona, localizada a 190 kilómetros de Managua. Entre las víctimas estaba Mairena, quien resultó gravemente herido en un brazo. El hombre se desmayó y sus compañeros lo dieron por muerto.
Juan Gabriel Mairena es hermano de Medardo Mairena, líder del movimiento campesino que desde 2013 se opuso a la entrega de una concesión para construir un canal interoceánico en Nicaragua, que fue entregada a un empresario chino. Medardo fue detenido en junio y es acusado por delitos relacionados a actos de “terrorismo”, por su participación activa en las protestas contra Ortega, que comenzaron en abril. El juicio en su contra se realizaría esta semana, pero fue pospuesto por el juez que lleva el caso. Juan Gabriel reapareció en Costa Rica, donde pudo refugiarse después de una huida que pareciera digna de un guion de película.
“Nos rafaguearon y ahí murió una gran cantidad de gente. La Policía no dejó entrar a nadie a que levantaran esos cuerpos. El sacerdote de Nueva Guinea –sur de Nicaragua– pidió permiso para recoger los cuerpos, pero solo le dieron permiso para pasar por la carretera. Le dijeron que lo fusilaban si se metía al monte (las montañas que rodean Lóvago). Nadie nos rescató. Salimos por nuestra cuenta. Yo corrí y me desmayé, mis compañeros me levantaron, pero creyeron que estaba muerto y me dejaron al pie de un árbol. Luego me desperté, me senté y me vino un mareo. Me quedé otro ratito y después salí y huí por el monte. Como venía huyendo, no recibí atención médica. El balazo que me dieron me bañó de sangre. Es un milagro de Dios que el sangrado se detuvo, solo Él pudo darme la fuerza para poder salir. En Nueva Guinea un médico me recetó un antibiótico y me cosió una de las heridas. Luego, con lágrimas en los ojos, me dio un medicamento y me dijo que no podía operarme, porque si el Gobierno lo descubría, lo mataba. Ingresé a Costa Rica por un punto ciego (de la frontera). Aquí pedí que me ayudaran con una identificación. Les dije que venía huyendo, porque en Nicaragua me podía matar el Gobierno”.
Mairena forma parte del éxodo de nicaragüenses que desde abril han buscado refugio en Costa Rica por la violencia que sufre Nicaragua. Una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA visitó Costa Rica a mediados de octubre para constatar la situación de estos migrantes. En un informe publicado a inicios de noviembre afirmaron que más de 40.000 nicaragüenses se han refugiado en ese país desde abril, en el peor éxodo sufrido en Centroamérica desde los años ochenta, cuando la región estaba desangrada por guerras civiles en Guatemala, El Salvador y Honduras. Luis Vargas, relator de la CIDH para los refugiados, explicó en San José las condiciones en las que viven muchos de esos migrantes. “Hay gente que está aguantando hambre, no tienen vivienda. A pesar de los esfuerzos que está haciendo el Gobierno de Costa Rica por tratar de procurarles un albergue, ellos (los migrantes) dicen que están viviendo situaciones muy precarias”.
Muchos nicaragüenses duermen en el suelo en el Parque La Merced, de San José. Otros se refugian en chabolas en las afueras de la ciudad, donde hasta 14 personas sobreviven con precariedad en una casa hecha de láminas de zinc y cartones. Otros, como Xavi, recorren todos los días la capital de Costa Rica en busca de un trabajo. Esta joven de 23 años huyó de Jinotepe, un poblado localizado a 38 kilómetros de Managua, donde se levantó una de las barricadas más grandes en el marco de las protestas. Ortega ordenó a inicios de julio el ataque de sus huestes –denominadas en Nicaragua como “caravanas de la muerte”– contra esa ciudad apacible, de clima fresco y productora de un excelente café. El ataque dejó, según organizaciones de derechos humanos, al menos 21 muertos. Xavi estaba en el puesto médico improvisado en el “tranque” y logró huir la noche de la masacre por caminos rurales, hasta cruzar la frontera hacia Costa Rica. Aquí ha solicitado refugio y espera poder conseguir un trabajo estable. Los primeros días en Costa Rica pudo trabajar como mesera en un bar, pero el propietario la despidió sin pagarle lo que le debía, cuenta la joven. “Los primeros días me sentía derrotada por tener que venir a otro país y no seguir luchando en el nuestro. Ha sido muy duro, la mayoría ha pasado cosas muy difíciles, en lo personal he pasado cosas muy duras, lejos de mi familia, con una vida perdida, todo perdido”.
En momentos cuando la atención del mundo está puesta en la caravana de migrantes centroamericanos que pretende llegar a Estados Unidos –y de las amenazas del presidente Donald Trump contra los gobiernos de Centroamérica para que detuvieran ese éxodo–, las autoridades de Costa Rica se enfrentan casi en solitario a la crisis abierta en su país por las decenas de miles de nicaragüenses que piden refugio. El Gobierno del presidente Carlos Alvarado ha tenido que hacer frente al éxodo en una difícil situación interna, por la discusión de una reforma fiscal que desató una huelga de trabajadores públicos que puso en jaque a su Gobierno. A pesar de ello, las autoridades migratorias han abierto sus fronteras a los migrantes de Nicaragua, han establecido albergues para recibirlos y procesan miles de solicitudes de refugio. Raquel Vargas, directora de Migración, admite que de continuar la crisis política en Nicaragua, podrían enfrentar una situación migratoria más difícil. “Que en este momento estemos contenidos y que tengamos nuestro plan de atención, no quiere decir que en una situación más crítica requiramos apoyo internacional”, explica en San José. “Hemos tratado de mantener la calma, de atender a la población con los recursos que tenemos, de convocar a la cooperación internacional, pero sí es posible que en algún momento haga otro tipo de llamado a nivel internacional”.
Los nicaragüenses consultados en San José afirman que no pretenden quedarse en Costa Rica, pero tienen miedo de regresar a Nicaragua y ser detenidos por haber participado en las manifestaciones, porque en su país las autoridades han encarcelado a 400 personas en el marco de las protestas, según la CIDH de la OEA. Piden más presión internacional contra el régimen de Ortega. Juan Gabriel Mairena, el hombre que daban por muerto en San Pedro de Lóvago, asegura que solo regresará a Nicaragua cuando “Daniel Ortega esté preso”.
