27 de noviembre de 2024 – Quito – EFE.
La Asamblea Nacional de Ecuador archivó este miércoles el proyecto de ley propuesto por el presidente Daniel Noboa, el cual tenía como objetivo combatir el lavado de activos generado por las estructuras criminales que operan en el país. El principal argumento para desechar la iniciativa fue que se consideró que la ley implicaría un aumento de impuestos para los ciudadanos, lo que afectaría negativamente a las personas de ingresos medios y bajos, exacerbando su situación económica.
En un comunicado, la Asamblea señaló que la verdadera intención detrás de la propuesta era crear más impuestos para los ecuatorianos. Según el parlamento, esto tendría un impacto directo en la clase media y baja, quienes ya enfrentan dificultades económicas debido a la carga fiscal existente.
El proyecto de ley, titulado “Ley Orgánica para la Mejora Recaudatoria a través del Combate al Lavado de Activos”, fue archivado con el apoyo de varios grupos políticos, incluidos el correísmo, el movimiento de centroderecha Construye y el Partido Social Cristiano (PSC). Estos sectores se opusieron a la propuesta durante la discusión legislativa.
Uno de los críticos del proyecto fue el asambleísta Jorge Peñafiel, del movimiento Construye, quien consideró que la ley no abordaba adecuadamente el problema del lavado de activos. Peñafiel argumentó que la iniciativa no se centraba en el análisis y la verificación del origen ilícito de los recursos que ingresan a la economía formal, un aspecto esencial en la lucha contra el lavado de dinero.
Por su parte, Jorge Acaiturri, del PSC, también expresó su desacuerdo, señalando que la ley carecía de lógica y en realidad encubría impuestos disfrazados como medidas para combatir las economías criminales. Acaiturri subrayó que el pueblo ecuatoriano estaba cansado de promesas vacías y pedía mayor transparencia en las políticas gubernamentales para poder construir un país más próspero.
El proyecto de ley había sido presentado por el Gobierno el 7 de noviembre, con la intención de tratarlo de manera urgente debido a su relevancia económica. En su propuesta, el Ejecutivo detalló acciones para prevenir, localizar y eliminar el lavado de activos, además de frenar la introducción de capital ilícito en la economía del país.
Entre las medidas que incluía la ley se encontraba el fortalecimiento de la Unidad de Análisis Financiero (Uafe), que es el organismo encargado de investigar el lavado de dinero y los flujos financieros ilícitos. Esta reforma se consideraba clave para mejorar la capacidad de control de las autoridades sobre el lavado de activos.
Ecuador ha enfrentado en los últimos años un aumento de la violencia, en gran parte atribuida a las bandas criminales involucradas en narcotráfico, extracción ilegal de minerales y otros delitos como extorsión y secuestro. En 2023, el país se posicionó como el primero de Latinoamérica en homicidios per cápita, con una tasa alarmante de 47,2 homicidios por cada 100.000 habitantes.
A raíz de este creciente problema de seguridad, el presidente Noboa declaró en 2024 la lucha contra el crimen organizado como un “conflicto armado interno”. Esta declaración implicó clasificar a las bandas criminales como grupos terroristas y tomar medidas como la militarización de las cárceles, que están bajo el control de estas organizaciones.
Aunque el Gobierno ha reportado una reducción del 17% en los homicidios a nivel nacional, la violencia continúa siendo un grave problema en el país. Las bandas criminales siguen generando caos a través de extorsiones, secuestros y asesinatos, lo que mantiene la situación de inseguridad en el país.
