La medida de Vizcarra, prevista por la ley, frena la maniobra de la oposición fujimorista para hacerse con el control del Constitucional. El Parlamento vota una destitución simbólica del mandatario
30 de septiembre de 2019 – Lima – Agencias.
El presidente peruano, Martín Vizcarra, anunció la tarde de este lunes la disolución del Congreso, dominado por la oposición fujimorista, tras una jornada que ha reflejado más que nunca el choque entre el Ejecutivo y el poder legislativo. La medida, contemplada por la Constitución, llega horas después de que el mandatario no lograra frenar una polémica designación de nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Fuerza Popular, la formación de Keiko Fujimori, que se encuentra en prisión preventiva por lavado de dinero, y el Partido Aprista llevaban días maniobrando para hacerse con el control de la Corte.
El Congreso eligió este lunes a un magistrado del Tribunal Constitucional —uno de los seis que deben ser reemplazados por el fin de su período— en una votación accidentada que descartó debatir primero una cuestión de confianza que el Ejecutivo anunció el viernes. Dado que el Legislativo prefirió nombrar al magistrado, el presidente peruano anunció la disolución del Parlamento.
Vizcarra había lanzado el domingo un ultimátum al Congreso al anunciar que lo disolvería si este lunes le negaba un voto de confianza para reformar el método de designación de los magistrados, con lo que busca impedir que ese alto tribunal sea copado por la oposición. Pero el Congreso decidió finalmente pasar por alto su petición e iniciar de inmediato el nombramiento de nuevos magistrados.
“He decidido disolver el Congreso y convocar a elecciones parlamentarias” anticipadas, dijo Vizcarra en un mensaje a la nación retransmitida por televisión, al agudizarse un choque de poderes iniciado hace tres años y cerrarse las vías de entendimiento entre el ejecutivo y legislativo. “Es claro que la obstrucción y blindaje [del Parlamento] no cesan y no habrá acuerdo posible”, aseguró el presidente, mientras centenares de manifestantes congregados afuera del parlamento celebraban su decisión.
Por la noche, las manifestaciones que apoyan el cierre del Congreso se han replicado en varias ciudades, entre ellas Arequipa, Huaraz, Huancavelica y Piura. A las 21.15, la mayoría parlamentaria ha encargado a la vicepresidenta, Mercedes Aráoz, que tome juramento y asuma como “presidenta en funciones” después de haber declarado la “incapacidad moral temporal” de Vizcarra. El ex oficial mayor del Congreso José Elice, sin embargo, indicó en declaraciones a la emisora Radioprogramas que no existe “ninguna previsión constitucional ni reglamentaria” para esa sustitución.
En las calles del centro de Lima, mientras continúa el plantón de ciudadanos esperando el cierre del legislativo, los ciudadanos ven las transmisiones de televisión del Congreso que se resiste a acatar la disolución. “Estamos viendo que la nombran como presidenta. ¿Cómo es entonces?”, pregunta confundido un hombre de unos 60 años en un establecimiento del Parque Universitario.
La urgencia de la oposición de tener una mejor correlación en el Constitucional se debe, entre otros motivos, a que esta semana el exdirector de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, volverá a declarar ante los fiscales por el caso Lava Jato. Se espera que informe sobre otros políticos peruanos a los que entregó dinero irregularmente, en forma de sobornos o fondos de campaña electoral.
“Ante la negación fáctica de confianza decidí disolver el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la república”, añadió, horas después de que los jefes parlamentarios rechazaran suspender la cuestionada designación de nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. “Que sea finalmente el pueblo quien defina a quién le da la razón: si a la mayoría parlamentaria que hoy disuelvo y se ha opuesto al Ejecutivo, o si le da la razón al Ejecutivo eligiendo una nueva mayoría”.
De acuerdo con la Constitución de 1993, cuando el Congreso rechaza la confianza a dos gabinetes del mismo Gobierno, el presidente puede disolverlo y convocar a elecciones legislativas. El Parlamento ya había rechazado una cuestión de confianza en septiembre de 2017, presentada por el primer ministro Fernando Zavala. “Desde el Congreso no se dio la prioridad que la cuestión de confianza merece y se eligió al primer miembro del tribunal exprés en una dudosa votación”, explicó el mandatario.
La semana pasada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo eco de las preocupaciones del Ejecutivo, de abogados constitucionalistas y de sectores de la sociedad civil. La denuncia señalaba una “elección exprés” para cambiar la correlación de votos en la alta corte, cuando el tribunal ha empezado a dirimir recursos presentados por las defensas de los principales políticos y expresidentes investigados por corrupción y lavado de activos como parte del caso Lava Jato relacionado a la constructora Odebrecht.
“La Comisión observa que este proceso de selección se realiza en un contexto político marcado por denuncias e investigaciones iniciadas sobre la participación de funcionarios de diversas entidades del sistema judicial en actos de corrupción, a través de tráfico de influencias, favorecimiento personal, abuso de poder y prevaricato, entre otros, expresó la CIDH el jueves. “Así como por procesos de selección de operadores de justicia que habrían sido afectados por la alegada existencia de un esquema de corrupción y de tráfico de influencias”, concluyó.
Durante una sesión plagada de incidentes, el poder legislativo eligió a uno de los magistrados en medio de protestas que obligaron a postergar hasta el martes las cinco votaciones pendientes.
